Transportadores de carga alertan sobre las consecuencias de un aumento en el precio del diésel, señalando que un paro podría ser inevitable ante las medidas unilaterales del Gobierno.
El aumento en el precio de los combustibles continúa siendo un punto de fricción entre los transportadores y el Gobierno en Colombia, con la Federación de Transportadores de Carga (Fedetranscarga) advirtiendo sobre las graves consecuencias que podrían afectar a los ciudadanos si se concreta el alza en el precio del ACPM.
Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, ha instado al Gobierno a reevaluar la posible subida del precio del diésel, que podría implementarse en lo que resta del año y en 2025. Esta no es la primera vez que la organización eleva su voz en defensa de la estabilidad de los precios de los combustibles. «El diésel es un combustible de primera necesidad, pues se conecta con el aparato productivo del país», destacó Cuervo. Según él, fijar el precio del diésel en función de la paridad internacional desencadenaría «un efecto inflacionario peor que el del aumento en el precio de la gasolina». Además, señaló que la reciente disminución en la inflación no se debe a políticas económicas acertadas, sino a la caída en el consumo.
Desde la perspectiva de Fedetranscarga, el Estado tiene la «obligación» de «mantener el poder adquisitivo de la moneda». Cuervo también subrayó que, «si es malo depender de los hidrocarburos, es peor depender de hidrocarburos importados». En cuanto a la posibilidad de un paro, Cuervo aclaró que «no va a ser por parte de los transportadores», sino que sería una consecuencia directa de las políticas del Gobierno, ya que «empresas y economía pararán» si el alza se lleva a cabo.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró desde Manizales su intención de aumentar el precio del diésel, incluso si eso implica pasar por alto un acuerdo con los transportadores. «Si hay posibilidades de llegar a acuerdo o no, hay necesidad de ajustar el precio. No lo podemos mantener congelado», afirmó Bonilla, quien se mantiene firme en su postura de elevar los precios para reducir la brecha de $6.000 en el Fondo de Estabilización en el Precio del Combustible (Fepc).
El choque entre la posición del Gobierno y las preocupaciones de los transportadores podría llevar a una crisis inminente, con efectos que afectarían tanto a la economía como a la vida cotidiana de los colombianos. Si el diálogo no se retoma con urgencia, un paro podría ser inevitable, pero esta vez, según Cuervo, no sería causado por los transportadores, sino por la misma administración que, al imponer un aumento unilateral, arriesga paralizar el país.
