El magistrado del Consejo Nacional Electoral y excongresista de la República César Lorduy Maldonado, se pronunció frente a la crisis que atraviesa gran parte del Caribe por cuenta del vertiginoso aumento de las tarifas de energía eléctrica.
De acuerdo con el líder, se trata de una encrucijada en la que se encuentran los caribeños, con un escenario en el que les toca elegir si comen o pagan un recibo con un alto precio.
Precisamente, Lorduy Maldonado se refirió a la Mesa Energética del Caribe, que tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla y en la que se reunieron las diferentes instancias que buscan una salida a la crisis que se presenta.
“A mi no me queda ninguna opción distinta de tener esperanza, espero que las personas cumplan con sus obligaciones y compromisos, sobre todo cuando estos son públicos”, señaló sobre el encuentro.
En ese sentido, el magistrado aseguró que abriga la esperanza, por el bien del 70% de los caribeños que en vez de considerarse pobres “le dicen rateros porque no tienen con que pagar la energía, que por lo menos para ellos de manera inicial haya una solución”, explicó.
Precisó además, que confía en que el trabajo de dos comisionados caribeños en la Creg como lo son Fanny Guerrero y William Mercado pueda aportar a que se corrijan las fórmulas en varios aspectos.
En cuanto a los puntos que considera el magistrado deben ser modificados, mencionó el indicador de IPP, que “incrementa de manera desconsiderada el precio de la energía en términos de generación “, puso de presente.
“Espero que la fórmula que ya están estudiando acabe con el caballito de batalla incomprendido e injustamente señalado del Artículo 318”, anotó.
Por otra parte, aseguró que esta situación marca retos importantes en manos del Congreso y de la dirigencia, e indicó que continúa considerando injusto desde todo punto de vista que el costo de la energía al primero julio haya sido de “121 pesos y al nueve de agosto ya el costo de la energía estuviese en 544 pesos, es decir ¿para dónde vamos?”, se preguntó.
COMILLÓN: ¿Qué compromisos ha adquirido el Gobierno Nacional?
Vale la pena mencionar, que recientemente también en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo un encuentro entre el Ministerio de Minas y Energía, mandatarios del Caribe y congresistas de la República en aras de buscar soluciones definitivas.
En dicha reunión, el Ministerio de Minas y Energía se comprometió a promover acciones regulatorias ante la Creg que faciliten a los agentes del sistema la implementación de un plan de mejora consensuado por todos los actores para el recaudo en las zonas especiales, teniendo en cuenta las condiciones culturales y socioeconómicas de la región.
De igual forma, estipuló avanzar en la definición de las medidas regulatorias a cargo de la Creg que modifiquen el marco tarifario y que, en consecuencia, beneficien a las zonas especiales.
Dentro de dichas medidas se encuentran: la deflactación del IPP artificial de 2021 y 2022 en los contratos bilaterales y emitir las regulaciones de la Creg necesarias para la disminución de la tarifa en la región Caribe.
Sumado a ello, se estableció continuar con la ruta estructurada por el Gobierno Nacional para el pago de los saldos de la opción tarifaria, anunciado el 7 de mayo de 2024, para los estratos 1, 2 y 3.
Por otra parte, y por solicitud de los gobiernos locales y departamentales realizarán un estudio imparcial y técnico que busque repuestas a la necesidad de ampliar el consumo básico de subsistencia de 173 KWh/m a 252 KWh/m.
En esa línea, se estipuló ajustar el objeto de los proyectos Prone para que además de la normalización de barrios subnormales en la región con medición individual e inteligente, se amplíen para la instalación de autogeneración renovable en las viviendas.
Así mismo, se comprometió la cartera de Minas y Energía a buscar una reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para dialogar con la empresa Air-e sobre el pago de subsidios de energía.
COMILLÓN: Solución requiere medidas de orden regulatorio, de política energética, y de índole municipal, regional y nacional: Fundesarrollo
Sobre el tema, la Fundación para el Desarrollo del Caribe Fundesarrollo presentó un balance, señalando que se hacen necesarias soluciones de fondo para avanzar en los indicadores sociales y de competitividad.
En esa línea, señalaron que garantizar la calidad en la prestación del servicio de energía y su acceso universal en la región, debe ser un tema prioritario para el país, teniendo presente que, en la actualidad, los estándares internacionales enmarcados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 así lo plantean.
“El Caribe colombiano cuenta con las condiciones para que se realicen inversiones en energía renovable, como la solar y eólica, además de la necesidad de expandir la infraestructura y optimizar la tecnología con miras a estimular el crecimiento económico y a proteger el medio ambiente”, pusieron de presente.
Según Fundesarrrollo, la solución al problema de la prestación del servicio de energía en la región Caribe requiere medidas de orden regulatorio, de política energética, y de índole municipal, regional y nacional.
COMILLÓN: Medida 1
La primera medida consiste en que el Ministerio de Hacienda asuma el costo de los planes de inversión que se establecen en el marco regulatorio de la Resolución Creg-015 de 2018.
Los planes de inversión son la manera en que la regulación solucionó el sesgo a la subinversión de las regulaciones anteriores que pudo verse de manera fehaciente en la región Caribe afectada por el rezago de inversión durante la etapa previa a la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y exacerbada en su fase de administración.
La asunción de dicho costo no es más que una transferencia del Ministerio a los usuarios de la región Caribe para que estos no tengan que asumir el costo de una falta de vigilancia de las inversiones o de un modelo pensado para regiones sin rezago inversionista.
Al asumir el costo de los planes (y no pasarlo a la tarifa a través de un factor de recuperación de la inversión) se busca poner el estándar de servicio de la región al mismo nivel que el de otras zonas del país, coherente con las necesidades de los usuarios y sin que se reflejen las ineficiencias de la regulación anterior aplicada a esta zona del país. Sin embargo, se debe precisar que estos planes no incluyen el costo de reducción de pérdidas (estas deben hacerse en el ámbito regulatorio), sino que reflejan una problemática regulatoria histórica que no puede ajustarse con los criterios tarifarios del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994.
COMILLÓN: Segunda medida
La segunda medida, se sugiere ajustar el esquema de focalización de los subsidios, una idea que lleva años siendo propuesta en el sector al descubrirse que hay una proporción importante de hogares que reciben los subsidios, que no deberían recibirlos y otros que necesitándolo no lo reciben.
Asignar los subsidios teniendo en cuenta una medida de pobreza del hogar y no de la zona donde viven, como es el caso de la estratificación, permite mejorar la eficiencia del gasto social en beneficiarios reales, logrando que los “ahorros” vayan a las subvenciones a través de un consumo de subsistencia más acorde con las necesidades de consumo mínimo de los usuarios de la región.
COMILLÓN: Tercera medida
La tercera medida va asociada a resolver un problema de pobreza a través de la mejora de los accesos a los servicios públicos de usuarios en barrios vulnerables. La medida reconoce el hecho de que la pobreza es un problema integral que requiere soluciones completas, y resultaría más conveniente no mezclar soluciones de subsidios cruzados, como son las del esquema actual, con las integrales asociadas a la labor del Estado en una economía de mercado. Con este mecanismo se ahorrarían las distorsiones existentes del subsidio cruzado (precios por encima de costo marginal para unos estratos y por debajo para otros) y permitiría crear una relación estrecha entre los usuarios y los prestadores del servicio, más ajustada a las condiciones de estos barrios.
COMILLÓN: En presupuesto 2025 faltarían 700$ mil millones para subsidios de energía: Asocodis
Por su parte, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica Asocodis alertó que en el Presupuesto General de la Nación del 2025 existe un déficit de recursos para los subsidios de energía a las familias más vulnerables del país.
Según lo reveló El Tiempo, en el proyecto se evidencia faltante de más de $700 mil millones para el 2025 más déficit de apropiación del 2024 de 1,3 billones, para un faltante total a diciembre del 2025 de 2 billones de pesos.
El análisis sugiere que con el dinero que prevé plata solo se alcanzarían a cubrir subsidios de energía eléctrica hasta el primer semestre del 2025.
