El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, pidió respetuosamente al ministro de Educación prestar atención urgente al tema de la financiación de las universidades públicas del país y reclamó que, para este efecto, haya una colaboración entre los gobiernos nacionales y territoriales, las instituciones educativas y actores sociales.
Rodríguez Becerra pidió compromiso en la asignación de recursos, así como resolver las preocupaciones que se presentan frente a las variaciones significativas de los pasivos pensionales de las universidades públicas y el flujo de dineros para el cumplimiento de estas obligaciones.
“Las universidades públicas, y en general todas, vienen creciendo desde los años 90 con los mismos recursos, en lo que se ha denominado la universalización de la educación superior. Es necesario resolver estos problemas estructurales de financiación. Esto se ha solventado con déficit de deuda y disminución las condiciones de calidad. A las universidades le tienen que ver su manejo presupuestal, pero también le tienen que ver la calidad de educación que están impartiendo”, indicó.
Consideró que las Universidades Públicas vienen sufriendo una desfinanciación estructural. Y sugirió revivir el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 del 92, de tal manera que se garantice una adecuada financiación para que cada una de las universidades, acorde con sus particularidades, pueda sacar adelante su financiación y que el riesgo no sea marchitar el sistema y deteriorar la calidad que se ha venido alcanzando, mientras se aprueba una política de financiación adecuada, que no tiene que estar sujeta a esa reforma.
El Contralor Rodríguez Becerra expresó preocupación por el tema pensional de las universidades públicas. A partir de la Ley 100 del 93, se reconoció la financiación de las pensiones de las universidades públicas. El giro de los recursos de los fondos de pensiones para el caso de las universidades públicas, del orden territorial, de acuerdo con las normas, no se viene realizando oportunamente, lamentó.
“Eso está generando riesgo de estabilidad de algunas universidades públicas. La actualización de los estudios actuariales de sus pensionados debe estar al orden del día, de manera que se pueda contar con los recursos suficientes. Recordó al respecto que una parte es financiada por parte de la Universidad, otra por la Gobernación y una más por el Estado”.
