POR: BAYRON BOLIVAR GIL GRAU
Al hablar de esta temática como elemento intrínseco de la gobernabilidad de este norte constitucional, lógicamente nos referimos a la capacidad del Estado por consumar los fines que manda la Carta Política de 1991 en materia educativa y sus leyes que la desarrollan. Siendo preciso apuntalar, desde luego, que no hay que referirse solo a la potencialidad que imponen los gobiernos de turno por una mencionada reforma, sino también al hecho fáctico del cumplimiento, o sea cumplir oportunamente en tal sentido. Lo anterior conlleva un conjunto de aspectos dignos de analizar detenidamente. En primer lugar es preciso discernir puntualmente cómo se configuran los objetivos en esta Política Pública de Educación, PPE, ya que los gobiernos no solo atienden a premisas ideológicas y a diversos factores endógenos y exógenos de muy variada naturaleza y con alto grado de dinamismo evolutivo.
Cuando hablamos de premisas ideológicas como configuradoras de la PPE en sus objetivos gubernativos, no podemos abstraernos del contexto histórico del sistema educativo colombiano, ya que ellas se entrelazan con factores económicos, sociales e internacionales que los van delimitando, en sí mismos. Bajo esta línea argumentativa, cabe resaltar que con la Constitución Política de 1991 y las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 se dio nacimiento a un “nuevo orden jurídico educativo”, que se comprende como un conjunto de disposiciones que han ido poco a poco desarrollando el sistema educativo, pero no con los afortunados cambios, que la sociedad colombiano desea. Muy a pesar de un mayor intervencionismo estatal por parte del Ministerio de Educación y de organismos como el Icfes, que son marcadamente centralistas sus mandatos, tenemos, que lo educativo-formativo ha estado en boga en gran medida marcado por prácticas y discursos del lenguaje empresarial, favoreciendo las necesidades del mercado, y cayendo en desuso la formación sólida en materia de una ética pública.
En el dúctil y cambiante mundo de la educación, los cambios son y deben ser importantes y significativos. Con esta PPE se debe pretender, por ejemplo, poner en marcha una Reforma Curricular Integral, como un proceso de reconstrucción de la estructura del actual sistema educativo, muy a pesar de que en los últimos veinte años se ha revitalizado el campo curricular en Colombia. En 1994 se instituye el marco general de la acción educativa-formativa, concretando propuestas en este desarrollo; pero, con la llegada del discurso de las competencias, se estandarizaron los niveles escolares, con un grave perjuicio para las autonomías de las instituciones educativas. Por otra parte, en esa Reforma se deben explayar posibilidades de construcciones curriculares según determinados contextos, como opciones concretas que en un momento dado asumen las instituciones, por ejemplo, para la formación de buenos ciudadanos
En este proceso de institucionalizar la PPE, debe emerger el concepto de currículo que aporte síntesis a las construcciones formativas de las instituciones educativas, para que se constituya en un espacio de debate frente a las problemáticas sociales. Este conocimiento es un producto de una transformación en la cual esta herramienta significa transformación en la medida en que los actores de la sociedad logren ampliar y modificar las determinaciones que han obstaculizado los procesos de cambio del sistema educativo. Este planteamiento epistemológico permitirá recuperar las virtudes públicas que se atribuyen a la formación de buenos ciudadanos. Esta es la piedra angular del edificio de construir una Política Pública en Educación, es el punto de partida para su elaboración, es el concepto clave de esta política, es el problema de la realidad colombina, es el concepto que se convierte en la pieza de una educación transformadora que proclama la posibilidad de intervención del Estado, como objeto de transformación potenciando posibilidades para una vida digna, que no es otra cosa, que un nudo de relaciones, que consiste en el paulatino enriquecimiento de ese complejo sistema de relaciones, como es el educativo. De aquí surge la idea de que una PPE es un objeto de conocimiento y es un objeto de transformación. Es un proceso en el cual el enriquecimiento de la multiplicidad de determinaciones que se tomen concurre a definir y poner en práctica el objeto de esta Política Pública.
En este proceso parece interesante trabajar documentos oficiales que permitan conocer los criterios desde los cuales se organiza el sistema educativo, con el objeto de responder a los siguientes interrogantes: ¿qué valores y supuestos se adoptan para, por ejemplo, pensar la formación de formadores? ¿Qué relación tienen estas propuestas con el proyecto político del gobierno? ¿Contribuyen a resolver los problemas sociales y económicos que declaran enfrentar o constituyen mecanismos regresivos de regulación social? Tenemos que la decisión, por ejemplo, de ahondar en la formación de formadores no es arbitraria, porque este es su objetivo central. Por otra parte, dado que en los documentos oficiales se da esta integración, explícitamente, de las políticas nacionales, es factible analizar no solo su especificidad sino también su relación con ellas y con el proyecto del cual es parte. Podemos, así formular hipótesis sobre su posible relación y aporte a la constitución de una Política Pública de Educación.
En tal sentido, los análisis que para ello se hagan, se habrán de referir a los valores, conceptos y principios que se adoptan, a los niveles a los que se dirigen, así como a los aspectos de las actuales políticas y de la realidad que no se incluyen porque, desde nuestra perspectiva, contribuyen a explicar sus características. Se trata de construir tal política como una categoría comprensiva que la una, capaz de englobar la formación en los diferentes niveles del sistema educativo, concebida no solo como una forma de Política de Estado, ni una forma de gobierno, de lo que se trata, es de dar cuenta que en su construcción debe haber una unidad política, una especie de comunidad política educativa estatal que describa sus propósitos misionales. Tenemos que las ventajas de calificar de forma política esta construcción son numerosas. La primera de ellas consiste en ponerla en pie de igualdad con el Estado y, por tanto, considerarla enteramente como una unidad política. Es otro modo de revalorizar la educación y de hacer que vuelva a aparecer sobre la escena de que es un bien público. Es un modo de lucha contra el olvido estatal hacia la educación, y que se advierte cuando uno estudio, por ejemplo, la formación de formadores, donde no aparece como política de Estado. Al designarla como forma política, se trata de mostrar también que lo educativo concierne igualmente a los ciudadanos y no solo al Estado. Además, esta recalificación de la Política Pública de Educación proporciona otra ventaja en la medida que autoriza la comparación con otras formas políticas. Por último, el hecho de calificar a la educación como Política Pública de forma política permite introducir temas importantes en la discusión, además olvidadas por lo general en la literatura sobre la materia, como la articulación del régimen político, es decir, a la forma de gobierno. Estas cuestiones decisivas sólo piden surgir si se toma en serio la educación como una hipótesis de forma política.
Hemos visto que la educación es un bien público, que merece la especial atención por parte del Estado, que es una forma política para dar educación al pueblo. Pero esta descripción no agota su naturaleza profunda, pues hay que captar su marca específica: que sea una educación que dignifique la calidad de vida de los ciudadanos. Al describirla así se establece un vínculo, con un topus muy antiguo, el de la res publica, para que constituya una nueva educación, en los niveles señalados por la Ley 115 de 1994, la cual puede expandirse en todo el territorio nacional por medio de la Política Pública de Educación.
