Militares enfrentan amenazas y restricciones por parte de la Guardia Campesina; defensores del pueblo y organismos internacionales se preparan para intervenir.
En la región del Guaviare, la situación de los 98 soldados de la Brigada de Selva 22, que fueron retenidos por la Guardia Campesina en la vereda Chuapal, sigue siendo crítica. Aunque las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega han comenzado a moverse, aún enfrentan vigilancia constante por parte de individuos en motocicletas. Esta situación fue confirmada por el general Jaime Torres, comandante de la brigada.
Los soldados, quienes habían sido desplegados para controlar el territorio y enfrentar las extorsiones impuestas por disidencias de las FARC, han visto complicaciones en su movimiento debido a las amenazas de ser nuevamente retenidos. Torres informó que «los 98 soldados lograron moverse, pero los siguen hombres en motocicletas, que estarían reuniendo más personas para evitar que avancen en su marcha.»
Este hecho se enmarca en un contexto de tensiones crecientes en la región, donde grupos armados han presionado a los comerciantes para que cierren sus negocios, como parte de una serie de extorsiones lideradas por Alexis Guerra, alias «Cancharino». Según el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Guerra ha estado utilizando panfletos para intimidar a los empresarios del sur del Meta y San José del Guaviare, exigiendo que cierren sus locales entre el 22 y el 26 de julio.
El sábado 10 de agosto, se espera la llegada de una comisión organizada por la Defensoría del Pueblo y la MAPP OEA, con el objetivo de dialogar con las partes involucradas y exigir la liberación total de los soldados. Este despliegue busca asegurar que el gobierno local, departamental y nacional tome medidas para resolver la situación.
Paralelamente, unas 40 organizaciones campesinas del sur del Meta y el Guaviare han emitido un comunicado en el que aclaran que desde el 7 de agosto estaban participando en una movilización pacífica en la vereda Chuapal. En el comunicado, destacan que hubo un acercamiento con la Guardia Ambiental Campesina y las tropas del ejército, quienes estaban realizando tareas de control territorial.
Los campesinos han expresado su preocupación por prácticas irregulares del Ejército, tales como requisas indiscriminadas en transporte público y registros de pertenencias civiles. Según el comunicado, “en estos mismos retenes que, no cuentan con todo lo especificado por la ley, paran las motocicletas para requisar los conductores y realizar preguntas indebidas y que responden a un delito como lo es los empadronamientos, puesto que la función del Ejército no es una función de policía judicial…”
Además, han denunciado que el Ejército realiza patrullajes nocturnos y sobrevuelos con helicópteros cerca de las viviendas en los caseríos de Chuapal, lo que, según las comunidades, amenaza la paz y la tranquilidad obtenida con la firma del Cese al Fuego Bilateral. Las organizaciones locales afirman que “el avance de la tropa pone en inminente riesgo la tranquilidad, la paz y armonía que hemos logrado de nuevo tener en el territorio con la firma del Cese al Fuego Bilateral…”
En respuesta, los campesinos han llevado a cabo esta movilización pacífica para exigir al gobierno y a los negociadores de la Paz Total que se cumpla con el cese al fuego bilateral, garantizando así la seguridad de los habitantes de la región.
