Advierten que la candidata de Petro a la Defensoría podría desatar una ola de persecución contra Uribe, basada en acusaciones de falsos positivos presentadas por el Colectivo Cajar en Argentina.
Congresista Hernán Cadavid advierte sobre la amenaza que representa la elección de Jomary Ortegón para la Defensoría del Pueblo en Colombia, señalando que podría intensificar la persecución contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ortegón, quien es presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), ha estado involucrada en la denuncia de Uribe ante la justicia de Argentina por presuntos falsos positivos.
En un reciente mensaje publicado en su cuenta de X, Cadavid expresó su preocupación: “Su mérito: Perseguir a Uribe denunciándolo hasta en la justicia Argentina. Es la cabeza de un aparato de persecución que sin duda montará si llegara a ser electa. Todas las ALERTAS; Petro a lo Maduro”. Esta declaración refleja la posibilidad de que Ortegón utilice su posición para continuar con los esfuerzos legales contra Uribe, lo cual, según Cadavid, podría ser una extensión de la persecución política.
El contexto de la polémica se remonta a diciembre de 2023, cuando Jomary Ortegón, en su calidad de presidenta del Cajar, afirmó en una entrevista con Mañanas Blu que el expresidente Uribe podría enfrentar consecuencias legales en Argentina debido a una denuncia por presuntos falsos positivos. Ortegón indicó que, si se abre una investigación en Argentina, Uribe podría enfrentar una privación de la libertad, basándose en alegaciones de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su mandato.
“Si se inicia una investigación, que es lo que buscamos, que si el juez o la justicia argentina lo determina, haya una privación de la libertad y una determinación de responsabilidad”, afirmó Ortegón en ese momento.
Según el Colectivo Cajar, durante el periodo de 2002 a 2008, cuando Uribe presidía Colombia, se habrían documentado al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 6.112 se considerarían falsos positivos. La denuncia, basada en el principio de jurisdicción universal, busca que estos crímenes sean investigados a nivel internacional, sin importar la nacionalidad de los responsables.
El expresidente Uribe ha negado consistentemente cualquier responsabilidad en estos crímenes. En declaraciones a Radio Mitre en Argentina, Uribe rechazó las cifras presentadas por la JEP y aseguró que su gobierno se dedicó a implementar una política de seguridad democrática que redujo drásticamente la criminalidad en el país. “Aquí en Colombia todo eso lo investigan, pero vamos al fondo de los temas. El gobierno mío practicó una política de seguridad democrática con todas las libertades… El crimen bajó de casi 30.000 homicidios al año a 15.000”, sostuvo Uribe para la fecha.
A pesar de estas defensas, el Colectivo Cajar sigue insistiendo en la existencia de pruebas que demostrarían la responsabilidad de Uribe en los falsos positivos. La denuncia presentada incluye testimonios de víctimas, familiares y exfuncionarios del gobierno de Uribe, lo que añade un nivel de complejidad al caso.
La elección de Jomary Ortegón como Defensora del Pueblo podría tener un impacto significativo en la dinámica del caso, intensificando la disputa legal y política en torno al expresidente Uribe. El país sigue de cerca estos desarrollos, observando cómo se desenvuelve esta controversia en el ámbito judicial y político.
