Tres de los nueve escoltas que formaban parte de la caravana vinculada a alias Calarcá y otros disidentes de las Farc, detenida por el Ejército en Antioquia el 23 de julio, han ofrecido su testimonio sobre la operación de protección en la que estaban involucrados. Los escoltas aseguran que no tenían conocimiento sobre la identidad de las personas que transportaban ni sobre su relación con grupos armados ilegales.
Los escoltas explicaron que, en su labor, no tienen forma de confirmar los alias o la verdadera identidad de las personas que suben a los vehículos. “Recogíamos a unas personas, no teníamos ni la menor idea de quiénes eran”, indicaron. Aseguraron que en los esquemas de protección se encuentran frecuentemente con personas que utilizan alias y que es común que suban a los vehículos personas no protegidas. “En esos esquemas uno anda con gente de esa que anda con varios nombres y varios alias y uno no sabe ni quién es”, agregaron.
Los escoltas afirmaron que la caravana salió de Bogotá hacia el Catatumbo, donde recogieron a las personas que se movilizaban en la caravana detenida. Sobre el menor de edad que también fue detenido junto con el grupo armado, dijeron que “se subió en el Catatumbo, uno no se da cuenta si son niños o no”.
Tras la detención, los escoltas señalaron que fueron despedidos y que se les solicitó entregar su dotación. Indicaron que recibieron una carta de despido que supuestamente fue ordenada por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). «Nos llamó y nos entregó una carta de despido diciendo que era una orden del señor director de la Unidad Nacional de Protección el despido de nosotros», expresaron.
Por su parte, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, negó que se haya producido un despido. Rodríguez afirmó que el esquema de protección al que pertenecían los escoltas se terminó debido a que se había creado mediante un trámite de emergencia que ya había vencido. «Lo que ocurrió es que el esquema al que pertenecían se terminó porque había sido creado mediante un trámite de emergencia que ya se venció y las personas protegidas ya no están», explicó Rodríguez. Aseguró que los escoltas no fueron despedidos, sino que retornaron a la empresa contratista debido al desmonte del esquema.
Rodríguez también comentó que los escoltas son tercerizados a través de uniones temporales y que serán requeridos para nuevos esquemas de protección que la UNP ha creado. La empresa contratista también negó que haya despedido a los escoltas, indicando que el desmonte del esquema fue el motivo por el cual se solicitó la devolución de la dotación.
Esta situación ha generado preocupación y confusión respecto a la seguridad y manejo de los esquemas de protección en Colombia, especialmente en contextos donde la identidad de las personas protegidas puede ser crítica.
