En una audiencia celebrada hoy, la Fiscalía General de la Nación solicitó medidas de aseguramiento contra Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Sneyder Pinilla, exsubdirector para el Manejo de Desastres; y Luis Eduardo López Rosero, contratista involucrado en un amplio escándalo de corrupción.
Durante la audiencia, los tres implicados se declararon no culpables de los cargos que se les imputan, que incluyen concierto para delinquir, interés indebido en contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado.
La Fiscalía expuso sus argumentos para justificar la solicitud de medida de aseguramiento, buscando garantizar la presencia de los acusados en el proceso judicial y prevenir la posible obstrucción a la justicia.
Declaraciones de la Defensa
Antes de que iniciara la audiencia, José Luis Moreno, abogado defensor de Olmedo López, expresó su esperanza en que el exdirector pueda seguir colaborando con la justicia. “La expectativa es que se llegue a la verdad, que la solicitud de medida de aseguramiento permita que el señor Olmedo López pueda continuar hablando, diciéndole la verdad al país, contando todo lo que sabe y aportando todas las pruebas”, indicó Moreno.
Moreno también subrayó que el exdirector está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos y reparar a las víctimas afectadas. “Esperamos que en la audiencia solo estén presentes las víctimas reales que están afectadas por los hechos”.
Por su parte, Francisco Bernate, abogado de Luis Eduardo López Rosero, quien fue adjudicado con un contrato para proporcionar carrotanques en La Guajira, manifestó que no se opondrá a lo que decida el juez. “Reconocerá su responsabilidad, ofrecerá una reparación conforme a lo que le corresponde. El juez probablemente enviará al señor Luis Eduardo López Rosero a prisión, lo que le dará la oportunidad de comenzar a pagar su deuda”.
Bernate también solicitó que su cliente reciba una custodia especial, argumentando que López Rosero debe ser considerado un testigo protegido debido a la naturaleza del caso.
La audiencia continúa mientras se determina la medida de aseguramiento y se avanza en la resolución del caso que ha sacudido a la UNGRD y a las autoridades de contratación pública.
