La Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Gerson Chaverra, presidente del alto tribunal, ha confirmado la sentencia dictada contra el fiscal Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, imponiéndole 33 meses de prisión y una multa equivalente a 13,33 salarios mínimos legales por el delito de prevaricato por omisión en el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
La sentencia original fue emitida este año por el Tribunal Superior de Bogotá, que también inhabilitó a Orozco para el ejercicio de funciones públicas durante 80 meses. La condena se relaciona con la demora injustificada en la remisión de los expedientes de las denuncias presentadas por la familia Acosta Bendek contra los hermanos Jaller y otros implicados en una disputa sobre el control de la universidad. Orozco, quien estaba desempeñándose como Fiscal 56 Seccional de Barranquilla de manera provisional, fue hallado culpable de retardar por más de 100 días el traslado de estos expedientes a un fiscal adscrito a la Dirección Seccional de Bogotá.
A pesar de que Orozco argumentó que la demora se debió a acoso laboral y una sobrecarga de trabajo, el Tribunal Superior desestimó su defensa, dictando el fallo el 5 de abril. La defensa de Orozco Pertuz apeló la decisión, alegando que la Fiscalía no presentó la normativa específica que justificara el retardo en el actuar del fiscal, además de cuestionar la legalidad de la resolución que ordenaba el traslado del expediente.
Sin embargo, la Corte Suprema desestimó estos argumentos, recordando a Orozco que no tenía competencia para declarar la ilegalidad de la resolución y que existían mecanismos legales adecuados para abordar sus objeciones. La Corte reafirmó que el fiscal debía cumplir con sus obligaciones y que sus acciones constituían una falta grave.
Con la decisión de la Corte Suprema, la sentencia queda firme y no admite recurso alguno. Este fallo subraya el compromiso del sistema judicial con la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio de funciones públicas.
