Una juez promiscuo municipal con función de control de garantías ha dictado medida de aseguramiento privativa de la libertad contra 24 miembros del Ejército Nacional, incluidos tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados. Los uniformados están presuntamente involucrados en la masacre de once personas en el caserío Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, ocurrida en marzo de 2022.
La medida afecta al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, al capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, al teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, a los sargentos Cristian Gabriel Pérez Galindo y Maicol Andrés Quiñones Mendoza, a los cabos Wilber Leonardo Rodríguez y Wilson Andrés Santamaría Ramos, y a 17 soldados profesionales. Todos ellos enfrentan cargos por homicidio en persona protegida, tanto consumado como tentado.
La decisión judicial está relacionada con la operación militar Mahlon Nro 5, que, según las investigaciones, se llevó a cabo de manera indiscriminada el 28 de marzo de 2022. Durante la operación, los uniformados dispararon durante dos horas y media, causando la muerte de once personas, entre ellas un gobernador indígena, un líder comunitario, y un menor de edad. Cuatro personas resultaron heridas, incluida una menor embarazada que se encontraba durmiendo en su vivienda.
En la audiencia, el fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos describió el ataque como desproporcionado y letal para la población civil. «Estas once personas murieron como consecuencia directa de la acción de disparos de las tropas especiales del Ejército Nacional. Ocho de ellas eran civiles y no estaban participando directamente en las hostilidades», afirmó el fiscal.
La investigación revela que, durante el ataque, un tirador de alta precisión comenzó el fuego contra hombres armados en el Alto Remanso que estaban en medio de la población civil. Este ataque desató la operación militar, que culminó en la tragedia. Tras la intervención, los uniformados habrían ingresado al caserío vestidos con sudaderas verdes oscuras, camisetas negras y pañoletas negras, actuando como un grupo armado ilegal y reuniendo a los residentes en una cancha múltiple mientras alteraban la escena del crimen.
Los peritos del Centro de Valoración Probatorio (Cevap) de la Fiscalía han llevado a cabo una reconstrucción en 3D de la escena del crimen, demostrando la trayectoria de los disparos y la desproporcionalidad de la operación militar.
Los 24 uniformados deberán permanecer en el centro de reclusión militar del Batallón de Ingenieros No 13 de Bogotá mientras avanza la investigación en su contra. La medida busca garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos en este caso crítico.
