Decisión histórica desenmascara la corrupción en la gestión ambiental de Barranquilla y exige justicia ecológica urgente.
La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, confirmó lo que las comunidades y las veedurías han denunciado repetidamente: las obras en el Ecoparque de Mallorquín, lideradas por la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, transgredieron de manera flagrante las normativas ambientales. Este proyecto, anunciado con gran fanfarria, desestimó sin miramientos el plan de manejo ambiental esencial para la protección de este ecosistema.
En respuesta a las exigencias de comunidades y veedurías, Susana Muhamad presentó un informe elaborado por una comisión técnica interdisciplinaria. Los resultados fueron contundentes: las obras no cumplieron con la normatividad ambiental vigente. Entre las medidas acordadas está la urgente necesidad de alinear los límites del plan de ordenamiento territorial con los límites de protección del ecosistema Ramsar, salvaguardar los humedales amenazados y fomentar un turismo sostenible que beneficie a los ecosistemas.
“Hay una voluntad de todos los actores para que Mallorquín y los ecosistemas del río Magdalena sean protegidos”, enfatizó Muhamad. La ministra también destacó que las obras se llevaron a cabo con instrumentos ambientales inadecuados, reflejando una grave negligencia en la gestión del proyecto.
Antes de que el proyecto fuera presentado, la CRA emitió la resolución 0637 en octubre de 2022, adoptando el Plan de Manejo de la Ciénaga de Mallorquín. Aunque esta resolución permite la delimitación de “Áreas de producción sostenible bajo condicionamientos ambientales específicos”, su aplicación ha sido duramente criticada por ambientalistas y expertos.
Iván Martín León, doctor en Oceanografía y Geología de Costas, señaló que cualquier intervención en la ciénaga debe ser minuciosamente evaluada debido a la extrema fragilidad del ecosistema. “Las obras turísticas y socioeconómicas no pueden ser justificadas como recuperación de la ciénaga”, afirmó León, subrayando los graves impactos negativos potenciales. Esta crítica resalta la falta de consideración por la salud ambiental del área, evidenciando una gestión negligente y peligrosa.
Pese a las múltiples advertencias, el Distrito de Barranquilla ha desembolsado la impresionante suma de $305 mil millones de pesos en el proyecto. La Ministra Muhamad criticó severamente el uso de instrumentos ambientales inadecuados y demandó una revisión exhaustiva tanto de los temas normativos como del ordenamiento territorial de la Ciénaga de Mallorquín.
“Encontramos que se iniciaron obras para el turismo que, aunque tienen como intención mejorar la gobernanza ambiental, no cumplen con la normatividad ambiental”, destacó Muhamad. En respuesta a esta situación, se ha formado una comisión interdisciplinaria para examinar detenidamente estos problemas y asegurar que el desarrollo turístico no cause más daños al ecosistema ya vulnerable.
El medio ambiente necesita un pacto urgente
La ministra subrayó la necesidad imperiosa de un pacto genuino entre comunidades, autoridades y gobiernos para salvaguardar los ecosistemas del río Magdalena. Este acuerdo debe conducir a un ordenamiento territorial que efectivamente proteja a las comunidades del cambio climático.
“Vamos a verificar que el turismo de naturaleza se centre en la recuperación y sostenibilidad del ecosistema”, enfatizó Muhamad. Además, se acordó examinar las densidades poblacionales en torno a la ciénaga y actualizar las determinantes ambientales del área.
En resumen, el proyecto del Ecoparque de Mallorquín ha avanzado en medio de graves violaciones ambientales y sin las consultas comunitarias necesarias. Las autoridades deben tomar medidas inmediatas para remediar estas fallas y garantizar la conservación de este importante ecosistema.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
