La Defensoría del Pueblo ha emitido más de 170 alertas sobre el crecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Desde 2017 hasta el presente año, la Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo un seguimiento exhaustivo sobre las amenazas que afectan a la población en Colombia debido al conflicto armado. Su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha sido crucial en la identificación y advertencia de riesgos, con un total de 317 Alertas Tempranas (AT) emitidas. De estas, 173, es decir, el 54%, han estado enfocadas en las actividades del ‘Clan del Golfo’, oficialmente conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
El grupo criminal ha mostrado un incremento notable en su presencia y actividades. Entre 2019 y 2024, su operativa se ha expandido un 84%, pasando de 213 municipios a 392 en el último año. Este crecimiento ha convertido a las AGC en una de las estructuras armadas ilegales de mayor expansión en Colombia.
Los departamentos más afectados, según las alertas emitidas, son Antioquia con 39 alertas, Chocó con 38, Bolívar con 21, y Córdoba y Meta con 17 cada uno. También Nariño, Cauca y Valle del Cauca, con 15 alertas cada uno, y Cesar y Cundinamarca con 13 alertas cada uno. En total, la actividad del grupo ha llegado a 24 de los 32 departamentos del país.
Las alertas de la Defensoría destacan diversas conductas violatorias de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) perpetradas por las AGC. Entre los hechos más recurrentes se encuentran desplazamientos forzados masivos, confinamientos, reclutamiento y utilización de menores de edad, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados, violencia sexual y restricciones a la movilidad.
En cuanto a las economías ilícitas vinculadas a las AGC, el 92% de las alertas han señalado al narcotráfico como una de sus principales actividades. Además, en 70 alertas se ha identificado la minería ilegal, en 66 el contrabando, y en 20 casos el préstamo informal conocido como ‘gota a gota’.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades territoriales para que implementen medidas de protección efectivas para las comunidades afectadas, sin distinción de si la amenaza proviene de las AGC u otros grupos armados ilegales. La obligación del Estado es garantizar la protección y los derechos de la población civil en las zonas afectadas por el conflicto.
