Crece el rechazo en el Congreso ante el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Gobierno.
En el Congreso de la República se intensifica el rechazo hacia el proyecto de ley de presupuesto para 2025, presentado por el Gobierno, que asciende a más de 523 billones de pesos. Legisladores han manifestado su preocupación por la desfinanciación de la propuesta y han advertido sobre la posible necesidad de una reforma tributaria para recaudar más de 12 billones de pesos adicionales.
Ante estas preocupaciones, varios parlamentarios están impulsando la idea de que las comisiones económicas del Senado y la Cámara no voten el monto de 523 billones y devuelvan el proyecto al Ministerio de Hacienda. El representante Carlos Cuenca explicó que, al no votar el monto del presupuesto, se elimina la posibilidad de que se apruebe una nueva ley de financiamiento, lo que en su opinión, evita una reforma tributaria.
“Para que regresemos al Ministerio de Hacienda y evitemos votar el monto y esto evitaría la reforma tributaria que disfrazan de ley de financiamiento, que aparentemente es de 12 billones, pero que va a terminar en 30 billones. El empresariado de este país no aguanta más la carga impositiva”, afirmó Cuenca.
Además, Cuenca advirtió que el Gobierno tiene la opción de emitir el presupuesto por decreto, manteniendo el mismo monto que se está ejecutando en 2024, o podría presentar un nuevo proyecto de ley si se hace dentro del plazo legal. “Nosotros tenemos inicialmente 45 días para votar el monto y en los restantes 45 días se votaría el resto, pero si votamos el monto ya no tiene ningún tipo de reversa el hecho de que venga la ley de financiamiento, porque se estarían requiriendo más recursos”, añadió.
La propuesta de no votar el presupuesto está siendo discutida con congresistas de diferentes partidos políticos, quienes se oponen a que los colombianos sean gravados con más impuestos mediante una nueva reforma tributaria.
El creciente rechazo al presupuesto y la posible reforma tributaria reflejan las preocupaciones de los legisladores sobre la carga fiscal que recae sobre los ciudadanos y las empresas. La discusión continúa en el Congreso, donde se busca una solución que evite una mayor presión impositiva y garantice una financiación adecuada para el próximo año.
