La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior de Cartagena enfrenta una grave crisis luego de que al menos 35 estudiantes de grados 8 y 9 sufrieran intoxicación masiva debido al consumo de sustancias alcohólicas combinadas con drogas. A pesar de los esfuerzos por mantener el incidente en bajo perfil, la situación ha desatado una serie de preocupaciones y exigencias de la comunidad.
Tanto la rectoría del colegio como la Secretaría de Educación y el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) han tratado de minimizar la visibilidad del suceso. Sin embargo, la magnitud de la intoxicación y la presunta involucración de una banda delincuencial organizada, que al parecer tiene a su cargo la distribución de sustancias alucinógenas dentro de la institución, han puesto el tema en el centro del debate público.
Fuentes indican que estudiantes y profesores temen hablar abiertamente sobre la situación debido a la influencia y el poder de la banda dentro del colegio. Esta organización criminal, según las denuncias, ha instrumentalizado a varios estudiantes para facilitar la distribución de drogas y alcohol, generando un ambiente de temor y control.
Uno de los problemas graves es la imposibilidad de realizar requisas en los bolsos de los estudiantes debido a una disposición gubernamental, lo que ha permitido que muchos lleven armas blancas, drogas y alcohol dentro del establecimiento educativo. En respuesta a esta situación, un grupo de profesores y estudiantes de buena conducta ha comenzado una campaña de recolección de firmas de los padres de familia para solicitar permisos que permitan las requisas y el uso de detectores de metal en la institución.
La inseguridad en la Escuela Normal Superior de Cartagena se ha visto agravada por los recientes incidentes en los que varios estudiantes y profesores han sido atracados y amenazados por pandilleros que también asisten al colegio. La situación ha sido descrita como alarmante por parte de la comunidad educativa, que critica la aparente indiferencia de los vigilantes, quienes alegan tener órdenes de no intervenir.
La comunidad exige respuestas inmediatas de las autoridades educativas y policiales para abordar la crisis y garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal del colegio. Los padres de familia, docentes y alumnos piden medidas efectivas para erradicar la presencia de bandas delictivas en el entorno escolar y restaurar un ambiente seguro para el aprendizaje.
