Para los días 10 y 11 de septiembre a las 11:00 a.m. quedaron reprogramadas las audiencias preparatorias de juicio en contra del exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos.
La decisión fue anunciada por el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla en el marco del caso que enfrenta Petro Burgos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La solicitud de aplazamiento que primero fue negada y finalmente aprobada, fue presentada por parte de la defensa del hijo del presidente Petro, al considerar que muchas de las pruebas entregadas debían ser analizadas con mayor detenimiento.
No obstante, según lo explicó el juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, el objetivo del aplazamiento es que la nueva fiscal del caso, Lucy Laborde, tenga suficiente tiempo para analizar las pruebas.
La nueva representante del ente acusador llega después de que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Cndj determinara formular cargos al fiscal Mario Burgos, por la filtración del video de la captura y del interrogatorio de Nicolás Petro Burgos.
Según la Cndj, el fiscal habría podido vulnerar el debido proceso y comprometer la imparcialidad de la investigación, al filtrar un material reservado.
Lo anterior, se sumó a la denuncia de Nicolás Petro, quien aseguró que el fiscal Mario Burgos lo habría presionado para que salpicara al presidente de la República Gustavo Petro Urrego.
Respecto al interrogatorio que rindió en agosto pasado ante la Fiscalía General de la Nación y en el que aseguró que su padre tenía conocimiento de la financiación de la campaña en el Caribe, Nicolás Petro se pronunció catalogando su detención como
“arbitraria”, al mismo tiempo en el que dijo que sembraron cizaña “para ponerme en contra de mi propio padre”, anotó.
Precisó también que entendió que “que todo esto se trata de un tema más político que jurídico”, cuestionó.
En su momento, manifestó que durante la negociación del principio de oportunidad, el fiscal Mario Burgos le dijo que, “a cambio, no iba a pedir una medida de aseguramiento en cárcel, sino una detención domiciliar”, puntualizó.
