Esta historia se refiere al caso de un grupo de usurpadores que se concertaron en una supuesta empresa asociativa de campesinos para despojar a sus legítimos dueños de 12,5 hectáreas de tierra en jurisdicción del corregimiento Arroyo de Piedra (Cartagena).
Ahora sus hijos ―continuando con el legado criminal de sus padres― las están vendiendo a terceros sin anotar que es un predio despojado, objeto de dos visitas por una demanda radicada en la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
