La economía colombiana no pasa por su mejor momento. Los indicadores macroeconómicos dan señales claras de su desaceleración.
Lo anterior a pesar de que la inflación, el desempleo y las tasas de interés de política monetaria siguen a la baja, persiste la preocupación de que dichos indicadores no alcancen las cifras obtenidas en el 2023, o, mejor, que no se reduzcan en la proporción necesaria y suficiente para reactivar la economía. En cuanto a la tasa representativa del mercado, analistas económicos estiman que, a finales de diciembre, el precio del dólar estará entre 4.000 pesos y 4.120 pesos.
Se espera, por tanto, un bajo crecimiento en 2024, que estudiosos estiman por debajo del 2% (en un escenario optimista 1.8% y en uno pesimista, 1.2%).
Pero esta situación agridulce se agrava por los graves problemas de las finanzas públicas, como quedó registrado en el Presupuesto General de la Nación del año en curso y del año entrante, ambos desfinanciados en varios billones de pesos, por las cuentas mal hechas del ministerio de Hacienda y el bajo recaudo tributario.
Sin recursos suficientes, le queda muy difícil al gobierno nacional aplicar el principio keynesiano de ejecutar políticas contracíclicas en momentos de crisis, es decir, de aumentar el gasto público, especialmente el gasto de inversión, con el fin de reactivar la economía.
Este análisis que podría parecer lejano para el ciudadano de a pie tiene serias implicaciones en la economía de los hogares colombianos, pues un mal desempeño de la economía en general, termina afectando la capacidad de los hogares y empresas de aumentar sus ingresos y su capacidad adquisitiva, y poder cumplir con sus costos básicos.
La situación podría agravarse con dos anuncios muy preocupantes. De una parte, el anuncio de un posible incremento en el precio del gas natural domiciliario debido a la reducción de las reservas probadas de dicho hidrocarburo. Y de otra, el anuncio del incremento en el precio del diésel hasta de $3.000 por galón, antes de que finalice el año.
En el caso del gas, pareciera la confirmación de una profecía autocumplida, pues con la debida anticipación la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, advirtió a este gobierno del deterioro de las reservas de gas de Colombia y la necesidad apremiante de aumentar el área de exploración a través de nuevos contratos de exploración y explotación. Sin embargo, la política de transición energética del actual gobierno no permitió nuevas rondas exploratorias y, por el contrario, impulsó la idea de la importación de gas de otros países, entre ellos Venezuela.
Ahora que la crisis del gas estalla, al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, le ha tocado reconocer a regañadientes que la única solución para evitar el desabastecimiento es la importación de gas, lo que tiene un mayor precio del gas que es producido internamente. Según el Centro de Estudios Regionales en Energía (CREE), como consecuencia de la importación y el aumento del precio, la factura del gas domiciliario podría incrementarse en un 28%, un durísimo golpe para la ya alicaída economía de los hogares colombianos, especialmente los costeños, que han soportado incrementos en el precio de la energía eléctrica de un 34% en el último año.
Como si fuera poco, el anuncio del aumento del diésel que se avecina termina de complicar una situación ya compleja y crítica. Se reconoce que el aumento es necesario debido al cuantioso déficit en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, en el cual sólo se había aumentado gradualmente la gasolina, pero no el diésel por su impacto mayor en toda la cadena productiva.
En efecto, un aumento de un solo tirón de $3.000 por galón, no sólo afecta a los grandes consumidores de diésel, sino a sectores estratégicos de la economía como el transporte de carga y pasajeros; el sector agropecuario, lo que a su vez elevaría el costo de producción de los alimentos y aumentaría las presiones inflacionarias sobre la canasta básica; la industria minera y energética; y el sector de logística y distribución.
En fin, transcurren tiempos difíciles para los hogares y empresas colombianas y el margen de maniobra del gobierno nacional es bastante reducido. El aumento del precio del gas y del diesel será un duro golpe para todos los colombianos, pero particularmente para la Costa Caribe que ya soporta las tarifas de energía más caras del país.
[Fuente: Tomado de Radio Guatapurí]
