Usuarios vulnerables y sector industrial enfrentan un futuro incierto debido a la escasez y aumento de precios del gas natural.
Recientemente se conoció que las facturas del gas natural para los colombianos tendrán un aumento de por lo menos el 28%. Este incremento afecta especialmente a los usuarios más vulnerables, quienes ya consideran el gas natural como el servicio público más económico. En la región Caribe, donde este servicio es crucial, la preocupación es palpable debido al impacto que tendrá en la economía familiar, así como en el comercio y la industria.
El sector del gas natural colombiano enfrenta decisiones difíciles en los próximos meses. La escasez de reservas probadas, advertida insistentemente durante los últimos dos años, no solo pone en riesgo la autosuficiencia del país, sino que también dispara el costo del servicio, afectando a más de 36 millones de usuarios, es decir, unos 12 millones de hogares.
El decrecimiento de la producción de gas en los yacimientos nacionales ha obligado a las empresas del sector a buscar nuevas fuentes de abastecimiento para satisfacer la demanda a partir de 2025. Se proyecta un déficit del 7,5% para ese año, aumentando al 16% en 2026. Según el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el Gobierno está apostando por la importación de gas natural licuado para asegurar el suministro, a pesar de los altos costos asociados.
Importar gas del exterior, procesarlo en el terminal de regasificación de Cartagena, instalar una planta flotante en La Guajira, o traerlo en cilindros grandes son algunas de las alternativas que se barajan. Sin embargo, el precio del gas importado podría doblar o triplicar el costo de producción nacional, lo que se traduce en facturas más elevadas para los usuarios.
El Centro de Estudios Regionales en Energía (CREE) pronostica un incremento mínimo del 28% en las facturas de gas, lo cual representa un golpe significativo para los hogares. Según el exministro de Minas, Tomas González, «se acabó el gas barato». La incertidumbre política en Venezuela y la falta de infraestructura adecuada también complican la situación, haciendo inviable la importación de gas desde el vecino país.
A pesar de los esfuerzos por asegurar la producción de gas en el mar Caribe, los yacimientos de aguas profundas no estarán operativos hasta al menos 2029. Esta demora, sumada a los costos de construcción de nueva infraestructura, repercutirá en los bolsillos de los usuarios. La política pública del actual gobierno, que incluye la negativa a firmar nuevos contratos de exploración y la dilación en la expedición de licencias, ha erosionado el interés de los inversionistas en un sector vital para la transición energética.
En este contexto de urgencia, el gobierno enfrenta un dilema entre tiempos y costos. Es imperativo que se adopte un enfoque más pragmático y menos ideológico para abordar las necesidades energéticas del país sin comprometer la fiabilidad del gas natural ni su autonomía de abastecimiento.
