El retiro del esquema de protección a Vásquez suscita preocupaciones sobre su seguridad y su papel en el proceso judicial contra Nicolás Petro.
En un reciente comunicado firmado por Daysuris Vásquez y su abogado, Alait Freja, se anunció que la Jefatura de Protección de la Presidencia de la República notificó a la testigo principal en el caso contra Nicolás Petro del retiro de su esquema de seguridad. Este hecho ha generado preocupación debido a los riesgos que implica para la vida e integridad personal de Vásquez, además de poner en peligro su rol como testigo en contra de Petro.
La Fiscalía General de la Nación había retirado previamente, el 24 de abril, la medida de protección asignada a Vásquez, que consistía en un esquema de seguridad proporcionado por el programa de Protección a Testigos. Freja señaló en ese momento que explorarían todas las gestiones posibles para revertir esta decisión, destacando la importancia de la seguridad de su clienta en el proceso judicial.
Freja explicó que Vásquez tuvo que prescindir del esquema de seguridad en ocasiones debido a diligencias urgentes que surgían de manera inesperada, lo que le impedía cumplir con la anticipación mínima requerida de tres horas para solicitar la protección. Esta situación fue interpretada como incumplimiento por parte de las autoridades, lo que llevó a la retirada de su esquema de seguridad.
Recientemente, el juez Primero Penal Municipal negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento no privativa de la libertad presentada por la defensa de Vásquez. Según el juez, las etapas más cruciales del principio de oportunidad firmado por Vásquez están aún por venir y ella no ha cumplido con su obligación de testificar en los procesos contra Nicolás Petro, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El año pasado, Vásquez Castro acusó a su expareja sentimental, Nicolás Petro, de recibir dineros ilegales para la campaña presidencial de 2022, fondos que no habrían sido destinados a su propósito original. A raíz de estas denuncias, Petro enfrenta un proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría Regional del Atlántico cerró la investigación contra Petro en su calidad de diputado, dejando en manos del Ministerio Público la decisión final sobre si se formularán cargos o se archivará el caso. Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, manifestó que se espera que en agosto se tomen decisiones al respecto, basándose en el acervo probatorio recopilado durante la investigación.
