POR: DENITH DE LEON PONCE
Hemos querido hacer un barrido en las diferentes columnas del docente investigador Reynaldo Mora Mora, en donde ha venido dando cuenta de la importancia de construir una Política Publica en Educación pensando los niveles del sistema educativo. Entonces, como sus lectores, hemos arqueado sus “tribunas”, recuperando sustancialmente esta temática. Partimos de un enunciado presente en sus textos, cuando anota que la Ley General de Educación de 1994 estatuye en como principio fundamental, considerar a la educación como un servicio público. Si profundizamos en el sentido filosófico de lo que significa un “principio” como lo hace Philippe Meirieu, tenemos que decir, que es “aquello que permite juzgar la realidad y la pertinencia de una creación humana” y que por ser necesariamente abstracto tiende a tener alcance general. En cuanto el “servicio público” implica la preocupación de respetar al colectivo y de no someterse a los grupos de presión que querrían apropiárselo, representa una herramienta esencial para la construcción de un orden social justo y digno.
En este aspecto la Escuela es un servicio y una Institución Pública, pues ofrece servicios y debe hacerlo necesariamente de una forma equitativa, puede decirse que la principal misión de ella es la de permitir que todos los niños y niñas aprendan a leer, escribir y contar, de dotarse de los programas escolares necesarios para su desarrollo personal, su integración social y éxito profesional. De ahí que la calidad y cubrimiento le corresponde al Estado, en tal sentido, el binomio calidad y cubrimiento es la fuerza vivificante del proceso educativo de una sociedad. Para ello, deben implementarse por parte del Estado los siguientes factores: cualificación y formación de los educadores, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa y pedagógica, la orientación educativa y profesional y la inspección y evaluación del proceso educativo.
La Constitución de 1991, con su artículo 67 ha hecho posible la formación integral, en el sentido que su discurso está inscrito dentro de un conjunto de reglas procésales desarrolladas en las leyes 30 de 1992, 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios, en cuanto a la toma de decisiones colectivas como la elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) por parte de los centros educativos, con el thelos de propiciar la más amplia participación posible de los interesados en esta formación, como son la familia, la sociedad y el Estado. Donde con claridad indiscutible está el espíritu educador de la Constitución de 1991 es en la garantía de los fines esenciales del Estado (artículo 2): servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, facilitar la participación en las decisiones que la afecten; de igual manera la connotación de Constitución como educadora y democrática, la presenciamos en el preámbulo, en el sentido de fomentar el conocimiento y valores, del cual emanan los derechos fundamentales.
En este pensar una Política Pública en Educación está constituida por posiciones, relaciones y prácticas que surgen entre categorías de agentes especializados en “principios de comunicación dominantes” y en la reproducción del discurso acerca de lo educativo y de sus prácticas (Mario Díaz, El campo intelectual de la educación en Colombia, 1993), es lo que podría denominarse la conformación de una “masa crítica” capaz de generar conocimientos para ser socializados e implementados en el quehacer. Desde el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico-Rudecolombia se pretende generar una “masa crítica” de intelectuales de la educación diversa en su formación profesional y académica en lo teórico-conceptual y metodológico, que cumpla diversas funciones que aseguran el desarrollo del sistema educativo. Siendo el “campo intelectual de la educación” un campo relativamente complejo de acción discursiva donde esa “masa crítica” de intelectuales, crea, modifica o cambia ideologías, teorías y prácticas en el proceso de producción del discurso educativo-formativo; se hace necesario precisar qué entender por “masa crítica” desde la formación de doctores, por ejemplo. Debe decirse, que es aquel conjunto de intelectuales, académicos e investigadores, que hacen de su quehacer la comprensión del hecho educativo, a partir de la valoración del saber pedagógico, ya que él pone en juego experiencias, valores, intenciones y significaciones.
Desde las concepciones educativas contemporáneas puede señalarse que esta Política Pública Educativa realiza, en primer lugar, una función pedagógica, al aportar informaciones que permiten ajustar la ayuda formativa a las características de la formación. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, esta PPE realiza una función social al servir para determinar el grado en que se alcanzarán determinadas metas educativas y formativas al término del proceso curricular. Debe también anotarse, que al analizar la función de esta Política encontramos que en ella se regula el educar y el formar mediante la enseñanza y el aprendizaje, considerando los aspectos a impactar socialmente. Es por ello, que se sugiere que en esta construcción se implementen herramientas y procedimientos para observar, analizar e interpretar estas funciones, reflexionando sobre las conexiones entre currículo y pedagogía para la toma de decisiones derivadas de esa función social de esta Política que tiene lugar en diferentes momentos del proceso del enseñar y el aprender. Estas dos funciones nos proporcionan un conjunto de orientaciones y elementos pertinentes para asumir la construcción curricular como problema de investigación, en tanto ofrece informaciones e indicaciones relevantes para el análisis de la manera en que se concretan lo social y lo pedagógico del currículo.
En este proceso la educación debe innovarse para permitir la modernización del sistema educativo, intensificando aquellas capacidades que incidan en la forma cómo se forma. La realidad de muchos territorios, es que tienen enormes dificultades para responder mediante la educación a su contexto porque, entre otras cuestiones, los planteles escolares presentes en ellos no responden a sus contextos. Esto determina que, lejos de mejorar las propias condiciones, los niños, niñas y jóvenes se forman de espalda a sus entornos. En relación con ella, una situación particular es la de cómo viven numerosas familias rurales de nuestra cartografía Caribe, por ejemplo. Se trata de poblaciones cuya situación de precariedad les impide a sus jóvenes incorporarse a estudios superiores en la ciudad relacionados con el sector agropecuario.
El propósito de este ensayo es dar a conocer la propuesta que viene construyendo el Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico con el resto de doctorados como una forma de lograr una educación para todos más ligada a la vida y a la sociedad, y de mejores modos de vivir; requiriendo no sólo de conocimientos y habilidades, sino también de valores, actitudes y capacidad para vivir con los demás. Una “Educación para el presente y el futuro”, se entiende como el conjunto de condiciones que hacen posible como propósitos educativos más allá de los espacios escolares tradicionales, desarrollando nuevos que atraviesen el currículo formativo en diferentes direcciones, impregnando el plan de estudio de valores y actitudes que constituyen la esencia de la formación humana, tanto en lo individual como en lo social. Desde este punto de vista, este ensayo da cuenta de la situación de de la problemática educativa del sistema a partir de un enfoque constitucional del derecho a la educación, tomando en cuenta tanto los objetivos y metas internacionalmente a materializar en este ámbito, así como las estrategias y principios identificados como claves en este Proyecto de una Política Regional de Educación.
Este texto no es sólo una respuesta sino también un esfuerzo que toca directamente al rol del MEN en la búsqueda de la concreción de principios y derechos fundamentales que definen el accionar de constitucional en educación, como transformación como respuesta a los acelerados cambios del conocimiento, las tecnologías y las necesidades de los saberes en diversas organizaciones de la sociedad. Este escenario contemporáneo, que es un reto a nivel mundial, ha impactado con fuerza a Colombia, planteándole una urgente preocupación sobre los desafíos presentes y futuros para que se hagan realidad los fines de la educación, la calidad del servicio educativo que se ofrece, su eficacia, su eficiencia y cómo contribuyen los Estados a la equidad social mediante la creación de igualdad de oportunidades.
