
Empresas contratistas exigen a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el pago de más de 220 mil millones de pesos por servicios prestados durante la temporada del fenómeno de El Niño.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se enfrenta a una situación crítica debido a las protestas de proveedores de maquinaria amarilla y carrotanques, quienes reclaman el pago de contratos atrasados. Estas empresas, que suministraron agua a diversas comunidades afectadas por la sequía durante el fenómeno de El Niño, han exigido el cumplimiento de los compromisos financieros adquiridos.
Las empresas contratistas, representadas por figuras como Juan Fresneda, han señalado que la deuda de la UNGRD asciende a más de 220 mil millones de pesos. Este monto corresponde a servicios prestados bajo la dirección del exdirector Olmedo López, e involucró el despliegue de 150 vehículos en distintas zonas del país. «Cuando nosotros prestamos el servicio a la entidad, quien nos contactó fue Sneyder Pinilla, exsubdirector de Gestión del Riesgo, a través de las empresas Maquisabana, Proyecta y Ricadel», explicó Fresneda en una entrevista con RCN Radio.
Desde que se efectuaron los servicios, las empresas han intentado comunicarse con la nueva administración de la UNGRD, encabezada por Carlos Carrillo, pero no han recibido respuesta. Han enviado correos electrónicos, realizado llamadas y presentado solicitudes formales sin éxito. «Es desesperante. Nosotros cumplimos con nuestra parte del contrato, ayudando a miles de personas a tener acceso a agua potable durante una de las temporadas más difíciles del año, y ahora nos encontramos en una situación crítica porque no hemos recibido el pago acordado», comentó un empresario participante en la protesta.
La situación ha generado una creciente frustración entre los contratistas, quienes han advertido sobre la posibilidad de emprender acciones legales si no se resuelve el conflicto. La falta de respuesta por parte de la UNGRD no solo afecta a las empresas, sino también a sus empleados y a las comunidades que dependen de estos servicios esenciales. Las compañías han destacado la necesidad de una intervención gubernamental para garantizar que se respeten los compromisos y se evite una crisis mayor que podría comprometer la respuesta del país ante futuras emergencias climáticas.
En respuesta, la UNGRD ha informado que está revisando todos los procesos contractuales y estudiará cada caso de forma individual para encontrar una solución. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los proveedores, quienes continúan sus protestas frente a la sede de la entidad. Los manifestantes esperan que el gobierno intervenga y facilite un diálogo abierto con la administración actual para resolver el impasse.