Por: Rocío del Pilar Chávez Penagos
Hay que renovar el lugar habitual que ocupa la Política Pública de Educación, PPE, para situarla en las espesas configuraciones colectivas del pueblo. En cuanto a las investigaciones que destacan y ponen de relieve los retos de tal política, sobresalen investigadores como Luis Alberto Malagón Plata, Diego F. Machado Vega y Luz H. Rodríguez Rodríguez, con la obra “Currículo y políticas públicas educativas (Universidad del Tolima, 2013). En este trabajo, la política educativa es dibujada y tensionada analíticamente a partir de sus desafíos y sobre todo, desde las construcciones simbólicas que terminan por complementarla. A estos autores se le debe pensar la educación como un bien público, visto a partir de los particulares ejes constitucionales, referencias que sirven como punto de partida para articular la teoría, particularmente en el Proyecto de Investigación que lo agencia el Doctorado en Ciencias de la Educación-RudeColombia, que fue presentado ante el Comité Curricular Nacional (conformado por nueve directores de la Red de las universidades de Atlántico, Cauca, Cartagena, del Magdalena, Tolima, Tecnológica de Pereira, Nariño, Quindío y UPTC) el pasado 25 de julio en la Universidad del Atlántico, titulado “Política Pública de Educación: Política Curricular Estatal pensando las regiones”.
La Política Pública en Educación es una función de agenda gubernamental, concebida como una problemática para la transformación social. Tras veinte años de investigaciones en esta área, hoy debemos considerar las herramientas, los recursos y las personas en los contextos culturales de hacer de esta política la plena materialización de los procesos sociales y políticas del Estado Social de Derecho. No obstante queda cierta insatisfacción en cuanto a la evaluación y el análisis de su papel, por ejemplo. Este texto se propone analizar desde un punto de vista histórico-epistemológico, las colaboraciones de trabajos para mirar desde la perspectiva comparatista poder cotejarlos con la investigación de esta Red.
Una breve genealogía de esta problemática, parte de considerar que en Colombia, la cuestión del papel del PPE en los procesos de decisión en materia educativa, parte del planteamiento que cada gobierna o las comunidades académicas se propongan: de acuerdo con los efectos de cada plan de gobierno, se pueden formular hipótesis que lejos de comprender al modelo de continuidad, resulten limitados por la identificación partidaria de los procesos de exposición, la percepción al interior del Congreso de la República, como fue el caso de la Ley Estatutaria, que fue hundida. El problema de la funcionalidad de la Agenda o Ruta de una Política Pública en Educación nace de la preocupación por superar efectos limitados de políticas gubernamentales, por lo menos en dos niveles: primero, en el campo de esta política, la importancia creciente de esta problemática para la Red de Doctorados en Ciencias de la Educación-RudeColombia, se trata construir una identificación regional en diálogo con la política de Estado, lo que determina posturas políticas de los actores sociales, obligados a investigar las causas de muchos retrocesos y desafíos, lo cual ocupa un sitial mayúsculo. Segundo, desde el punto de vista de una PPE, el contexto histórico de esta investigación, 1991-2026, desempeña un papel fundamental por la importancia de leyes educativas, como la 30 de 1992 y 115 de 1994, que se han convertido en la preocupación en la construcción de consensos sobre esta política. Esta generación de leyes en los procesos de formación en los niveles del sistema educativo, son amenizados por normas reglamentarias como el decreto 1860 de 1994. Esta legislación invita a analizar sus fallas y la no asunción a desafíos que demanda la sociedad, aun cuando las conclusiones de los indicadores del MEN solo proyecten efectos estandarizantes y homogéneos.
En este proceso de construcción colectiva es oportuno centrar la problemática para mostrar el trasfondo de lo que se seguirá a 2026. En esta dinámica se puede hallar la absorción de esta política por el gobierno de turno. Una PPE la podemos definir como el conjunto de principios, horizontes, niveles, medios, recursos, estrategias, legislación y actos del quehacer de la Administración Pública mediante los cuales se aspira que la educación se asuma como un bien público común. Conviene insistir en esta definición comprensiva porque con demasiada frecuencia se limita esta política a lo que refuerza, haga y propone el Ministerio de Educación Nacional, MEN, pero, su ámbito es mucho más vasto. Lo político presente en lo público de la educación es su dimensión humana, permitiendo que la actividad de la PPE sea un acto plenamente humano, una actividad humana, lo que constituiría el campo conceptual y teórico de esta integración. Esta política como investigación es una praxis que remite a teorías sobre Política Pública en Educación. Esta teoría a construir consistiría en una praxis que conformaría su campo intelectual. Pero, antes de profundizar en estas nociones se debe reflexionar acerca de la situación contemporánea de nuestro sistema educativo.
Una aproximación intercultural nos permitiría poner de relieve que la noción corriente de lo político en educación al limitarse a las problemáticas planeadas por el Estado Social de Derecho de 1991 (Fines, art. 2 de la CP), se colocan en un callejón sin salida que debemos entenderlas como posibilidad formativas que deben ser reales. El Estado colombiano debe construir una cultura política educativa pensando lo propio, que abarque un conjunto estrechamente ligado a las regiones y subregiones; en síntesis, es el mito que debemos hacer realidad, construir Políticas Curriculares Regionales, por ejemplo. Porque cada región con sus particularidades, son territorios que encarnan culturas y concepciones del mundo y de la vida, por supuesto, con divergencias más o menos importantes. Representan una especie de género humano, y a su vez, cada una de ellas posee especificidades culturales, espacios interculturales de los actores sociales y educativos presentes en esos contextos. Por ello, el Estado solo puede trazar lineamientos de Política Nacional, porque es único y su especificidad reside en su individualidad: el Estado Social de Derecho, que es un concepto monocultural. Este Estado promueve una uniformidad impresionante en el sistema educativo con la estandarización y homogenización de los procesos formativos, promueve una tecnocracia única (el poder de los expertos curriculares del MEN), promueve una administración educativa con procedimientos idénticos en los diferentes niveles y con una organización racional. Se trata del complejo tecnocrático, que traza estándares para todo el territorio nacional. Resulta interesante de acuerdo con todo lo anterior establecer la relación entre cultura y formación para pensar propuestas alternativas desde una Política Pública de Educación, en cuanto a su dimensión cultural, que es esencial para el desarrollo integral del ser humano.
Para ello, las instituciones educativas deben contar con un horizonte paradigmático expresado en sus misiones y visiones, nacido de la cada vez más preocupante comprensión por las culturas, entendida como esa vivencia por la otredad, en donde este requerimiento esté más profundo, más cercano a esos basamentos que se ponen en escena en el currículo escolar: debemos volver por la autoorganizacion escolar (autonomía) para re-descubrir la pertinencia cultural de lo que se enseña. La total ausencia de este sentido (entendido como aquel conjunto expresivo de valores regionales y nacionales) que haga posible el objeto de la Ley General de Educación constituye la principal fuente de las debilidades del sistema educativo, que se propone solamente satisfacer las demandas estandarizantes del mercado, observándose que los criterios construidos por los expertos del MEN no están directamente relacionados con las representaciones culturales de la vida cotidiana, que constituye la estrategia para la resolución de los problemas del mundo de la escuela en su relación con el contexto.
