La Misión Internacional Independiente critica el uso de violencia y abusos de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro durante las manifestaciones recientes.
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha expresado su profunda preocupación por los recientes episodios de violencia y violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano, que han surgido tras las protestas contra los resultados de las elecciones del pasado domingo. Según la misión, estos eventos son una clara muestra de la «reactivación de la maquinaria represiva» del Gobierno de Nicolás Maduro.
La jurista argentina Patricia Tappatá, miembro de la misión tripartita, denunció en un comunicado que «estamos asistiendo a la reactivación acelerada de la maquinaria represiva que nunca fue desmantelada y ahora es utilizada para socavar las libertades públicas de los ciudadanos». La misión, presidida por la portuguesa Marta Valiñas, indicó que ha recibido informes de violencia perpetrada por cuerpos de seguridad y grupos civiles armados leales al gobierno, conocidos como «colectivos», que han causado al menos seis muertes y decenas de heridos.
El informe también destacó que, según el fiscal general, un miembro de las fuerzas armadas murió durante las protestas y 46 personas, entre militares y policías, resultaron heridas. La misión subrayó que se han utilizado armas de fuego contra los manifestantes y recordó que las operaciones de control del orden público «tienen que cumplir con los estándares y normas internacionales de derechos humanos, según los cuales el uso de la fuerza debe ser proporcionado y orientarse a la protección de la vida humana».
Las protestas, que se extendieron por 17 de los 23 estados del país y el distrito capital, resultaron en la detención de 749 personas, algunas de las cuales siguen privadas de libertad o enfrentando graves cargos como terrorismo, según el Ministerio Público. La misión expresó su preocupación por la desaparición del coordinador del partido opositor Voluntad Popular, Freddy Superlano, y de dos acompañantes, quienes fueron detenidos el 30 de julio por individuos encapuchados armados que, según la información preliminar, podrían ser miembros del SEBIN, el servicio de inteligencia venezolano.
Además, otros cuatro líderes de organizaciones políticas de oposición fueron arrestados recientemente, y el fiscal general ha anunciado una investigación contra la principal figura opositora, María Corina Machado, a quien se le vincula con un ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante la jornada electoral.
La misión también expresó inquietud por la situación de siete opositores que han solicitado asilo en la residencia del embajador de Argentina, quienes han sido objeto de hostigamiento por parte de civiles en los últimos días. El chileno Francisco Cox, tercer miembro de la misión, concluyó que “las autoridades deben investigar y sancionar de manera independiente, expedita, imparcial y transparente todas las alegaciones de violaciones de derechos humanos y posibles crímenes cometidos”.
