Procuraduría vincula a exfuncionarios y representantes de Fiduprevisora en el caso de sobrecostos en la adquisición de plantas desalinizadoras para La Guajira.
La Procuraduría General de la Nación ha ampliado la investigación por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) al vincular a nuevos implicados en el caso que se abrió el pasado 31 de mayo. La pesquisa se centra en posibles sobrecostos por 42 mil millones de pesos relacionados con la adquisición de tres plantas desalinizadoras para La Guajira.
Entre los nuevos involucrados se encuentran Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la UNGRD, y Daniela Andrade Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora S.A. Según la Procuraduría, Meza Galván y Andrade Valencia habrían desempeñado roles cruciales en la convocatoria de cotizantes y selección del contratista para el proyecto, así como en la elaboración del contrato. Andrade Valencia, como representante de Fiduprevisora S.A., firmó el contrato en cuestión y supervisó el negocio jurídico vinculado al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Además, se investiga a Víctor Andrés Meza Galván junto con Nelson Raúl Triana Cárdenas, representante legal de la sociedad Proyect ING S.A.S., por presuntas irregularidades en el contrato de alquiler de 30 carrotanques destinados al departamento de Córdoba. Esta investigación se suma a la que se abrió previamente contra Sneyder Pinilla por la supuesta compra irregular de 1.000 tanques de reserva de agua para las rancherías en La Guajira. Esta última investigación originalmente estaba dirigida al exdirector de la UNGRD, Olmedo López.
La Procuraduría ha decidido vincular a estas personas tras revisar exhaustivamente las pruebas y documentos disponibles, que sugieren una posible responsabilidad disciplinaria de los implicados en los hechos investigados.
La inclusión de estos nuevos nombres en la investigación refleja la magnitud del caso y la preocupación de las autoridades por las presuntas irregularidades en la gestión de recursos destinados a la mitigación de desastres en Colombia.
