Detenidos 10 individuos de diversas nacionalidades en conexión con redes de explotación infantil; inmuebles valorados en 10.500 millones de pesos fueron intervenidos.
En una reciente operación contra la explotación sexual infantil, las autoridades colombianas han incautado nueve inmuebles en el departamento de Antioquia, presuntamente utilizados para este delito. La intervención, anunciada por el director de la Policía, general William Salamanca, también ha llevado a la detención de 10 personas de distintas nacionalidades involucradas en la explotación sexual de menores.
Los inmuebles, cuyo valor total asciende a 10.500 millones de pesos (aproximadamente 2,5 millones de dólares), eran alquilados a través de plataformas digitales para estancias cortas con el fin de explotar sexualmente a menores de edad. La investigación reveló que estos apartamentos y otros inmuebles estaban siendo utilizados para «explotación sexual comercial de menores de 18 años, proxenetismo con personas menores de 18 años, acceso carnal violento y suministro de sustancias a menores.»
Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre estas propiedades tras encontrar evidencia sólida de los delitos mencionados. Entre los detenidos se encuentran siete colombianos, dos estadounidenses y un ciudadano chino. De estos, cuatro enfrentan penas de prisión que van de 14 a 19 años, mientras que los otros tres están en proceso judicial para determinar su condena.
Además de las detenciones, la operación ha expuesto que algunos extranjeros, ya detenidos y judicializados, viajaron hasta 65 veces a Colombia con fines de explotación sexual infantil y se hospedaron en estos inmuebles. La investigación también identificó a una mujer en Medellín que organizaba citas con menores en su apartamento y a un hombre que obligaba a su hijastra y a otras menores a grabar videos de contenido sexual en su residencia.
Esta acción forma parte de un esfuerzo continuo para combatir el crimen organizado y la explotación sexual infantil en Colombia, subrayando el compromiso de las autoridades con la protección de los menores y la justicia.
