En medio de un escándalo que ha sacudido a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría General de la Nación ha iniciado una exhaustiva inspección disciplinaria para esclarecer el uso indebido de camionetas de la entidad. Estas unidades habrían sido utilizadas para transportar disidentes de las FARC con órdenes de captura vigentes, un incidente que ha suscitado gran preocupación sobre la integridad de los esquemas de protección y el cumplimiento de los protocolos.
La intervención de la Procuraduría se produjo tras la reciente detención de una caravana de vehículos en un retén militar cercano a Bello, Antioquia. En el operativo, se encontraron en los vehículos elementos como armas de fuego, municiones y dinero, lo que ha intensificado la preocupación sobre la posible complicidad de la UNP en el transporte de personas con antecedentes delictivos.
El equipo de investigación, liderado por la Directora Nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Mercedes Vidal Luque, ha comenzado a recolectar pruebas documentales para determinar las responsabilidades de los agentes de protección involucrados en el episodio. Vidal Luque indicó que la inspección se centra en corroborar las circunstancias exactas del incidente, así como el cumplimiento de la normatividad y los manuales de funciones establecidos para la UNP.
Investigación en Curso
La Directora Nacional advirtió que, aunque parece que el esquema de protección colectivo en cuestión era proporcionado por empresas tercerizadas, la Procuraduría no descarta investigar también los procesos de contratación y los manuales de funciones de los agentes implicados. La inspección tiene como objetivo identificar posibles faltas disciplinarias y determinar la implicación de servidores públicos, tanto del nivel directivo como de otros niveles.
Acciones Futuras
La funcionaria anunció que, además de la inspección actual en la UNP, se realizarán visitas a las oficinas de la Alta Consejería para la Paz y a la Unidad Militar de Bello para investigar a fondo el caso. La Procuraduría busca garantizar que se mantenga la transparencia y se tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Repercusiones del Escándalo
Este incidente pone en tela de juicio la eficacia y la integridad de los esquemas de protección de la UNP y plantea serias preguntas sobre la supervisión y la gestión de los recursos utilizados para la seguridad de los ciudadanos y la protección de líderes sociales. La Procuraduría General de la Nación continúa con su labor para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia en este caso.
