Ayer, alrededor de las 2 de la tarde, la noticia del asesinato del Inspector de Policía Omar Cervantes González impactó a la comunidad local. Cervantes González fue abatido mientras se desplazaba solo en su camioneta cerca de la rotonda del barrio El Pozón, en la zona suroriental de esta ciudad. Según informes, dos sicarios interceptaron el vehículo y abrieron fuego en varias ocasiones, mientras ambos vehículos estaban en movimiento.
Para muchos de sus colegas, la barra de abogados litigantes de tierras y las autoridades distritales, el asesinato de Cervantes González no fue una sorpresa. La creciente preocupación y el descontento con el inspector habían sido notorios, y las denuncias contra él habían sido acumuladas durante algún tiempo.
En la oficina de quejas y disciplina de la Secretaría del Interior, así como en la Procuraduría, reposan congeladas o engavetadas al menos 12 denuncias que acusan a Cervantes González de abuso de autoridad y prevaricato. Estas denuncias no solo se dirigen a él como inspector de Arroyo de Piedra, sino que también involucran a sus colegas de Manzanillo, Bayunca, Pontezuela, Punta Canoa y Arroyo Grande. Según las acusaciones, estos funcionarios habrían formado una cofradía dedicada al despojo de tierras de campesinos, alteración de linderos y la entrega de predios en la zona norte a individuos con vínculos con narcotraficantes y bandas criminales organizadas.
Este contexto sugiere que el crimen podría estar vinculado con las operaciones ilícitas que supuestamente realizaba Cervantes González, y resalta la compleja red de corrupción y criminalidad en la que estaban involucrados varios agentes. La comunidad espera ahora una investigación exhaustiva que esclarezca los motivos detrás del asesinato y garantice justicia para todas las víctimas involucradas.
