La Corte Suprema de Justicia, encabezada por el magistrado Francisco Farfán, está llevando a cabo una inspección en el Congreso de la República para recabar información relacionada con el trámite de las reformas sociales del Gobierno, en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Delegados de la Corte Suprema han iniciado una minuciosa recolección de documentos y actas de las sesiones del Congreso, enfocándose en las secretarías y presidencias de la Cámara y el Senado. El objetivo de esta inspección es obtener detalles sobre las discusiones y decisiones relacionadas con las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional.
En el centro de la investigación están el senador Iván Name y el representante Andrés Calle, quienes son acusados de haber recibido 4.000 millones de pesos a cambio de apoyar las mencionadas reformas. Esta recolección de documentos es un paso crucial en el proceso judicial, mientras se espera la toma de más testimonios.
Hasta ahora, la senadora y exvicepresidenta del Senado, María José Pizarro, ha testificado ante el magistrado Farfán, proporcionando información sobre el proceso legislativo de las reformas. Se anticipa que el próximo testigo clave sea el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, quien comparecerá como testigo el 2 de agosto. Su testimonio podría arrojar luz sobre las presuntas irregularidades en el trámite de las reformas sociales.
Otros testimonios importantes que se esperan son los del presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes podrían responder un cuestionario debido a su estatus como funcionarios del Gobierno Nacional. Además, se contará con el testimonio del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien deberá presentarse personalmente ante la Corte Suprema.
El abogado de Iván Name, Jaime Lombana, ha solicitado también la comparecencia de otros cinco representantes para aportar más testimonios al caso. Este proceso de recolección de pruebas y testimonios será fundamental para determinar la veracidad de las acusaciones y el alcance de la presunta corrupción en torno a las reformas sociales del Gobierno.
