La defensa de Olmedo López denunció que se borró información crucial de uno de los celulares del exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en un caso relacionado con un entramado de corrupción. La Fiscalía General de la Nación investiga lo sucedido, que podría involucrar un ataque cibernético.
El abogado José Luis Moreno, representante de Olmedo López, informó que «fue borrada la información que contenía uno de los celulares pertenecientes al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo», afectando pruebas importantes en el caso. Según Moreno, accedieron al celular de su cliente para eliminar todas las conversaciones almacenadas, lo cual ocurrió después de que López fuera imputado por la Fiscalía y continuara colaborando con las autoridades para una posible negociación que lo convertiría en testigo clave contra otros implicados.
De acuerdo con la defensa, Olmedo López poseía dos celulares, uno de los cuales era utilizado para comunicarse con miembros del llamado «cónclave» mediante una aplicación especial. El abogado relató que al encender el dispositivo, la pantalla mostró una imagen inestable, «de un momento a otro se apagó y cuando se volvió a prender estaba sin aplicaciones descargadas y sin conversaciones, todo se había borrado”. Moreno calificó estos hechos como parte de un ataque cibernético, pero aseguró que se había realizado una copia espejo de los celulares con ayuda de peritos forenses certificados en Colombia, lo que permitió recuperar la información.
«Para la defensa este ataque es gravísimo, se suma al ataque armado que sufrió el abogado principal meses atrás y a los asaltos en viviendas del principal testigo en Medellín», declaró Moreno. Además, afirmó que «al señor Olmedo buscan silenciarlo y que no se sepa la verdad, esa que ha manifestado contar ante la Justicia». El abogado también anunció que denunciarán una campaña de desprestigio en contra de su cliente ante las autoridades competentes.
Olmedo López, junto a Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, enfrenta cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La audiencia de medida de aseguramiento, en la que se decidirá si los acusados serán enviados a prisión, ha sido programada para el próximo 7 de agosto por el juez 35 penal de control de garantías, a solicitud de la Fiscalía.
