Un vergonzoso desfile de corrupción y malversación de fondos en la UNGRD revela la participación de altos funcionarios y políticos, mientras la ciudadanía clama justicia ante un descarado saqueo de recursos públicos.
En un país donde la corrupción parece ser una constante trágica, el reciente escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha puesto de manifiesto una vez más la descomposición de las instituciones. La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos a siete funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, por su participación en una trama de corrupción que no deja lugar a dudas sobre su desvergüenza y falta de ética.
La Fiscalía ha revelado que estos individuos, lejos de cumplir con sus deberes, se dedicaron a saquear las arcas del Estado mediante un descarado desfalco multimillonario. Olmedo López y Sneyder Pinilla enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Según la fiscal Andrea Muñoz, quien no escatimó en detalles durante la audiencia en el Juzgado 35 de Control de Garantías de Bogotá, los acusados desviaron 46.800 millones de pesos que estaban destinados a la compra de camiones cisterna para abastecer de agua potable a La Guajira, una región gravemente afectada por la sequía.
Lo que comenzó como una noble causa se convirtió en una excusa para llenar los bolsillos de unos cuantos. Además de López y Pinilla, otros implicados en esta red de corrupción incluyen a figuras destacadas como Luis Eduardo López Rosero, encargado de la compra de los carrotanques y quien presuntamente recibió un jugoso 13% de comisión. Pero la red de corrupción es aún más amplia e incluye al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos R. González, a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, y al director de Función Pública, César Manrique.
La Fiscalía ha descubierto que desde la oficina de González se ordenó el pago de coimas a los congresistas Iván Name, del Partido Verde, y Andrés Calle. Este último fue presidente de la Cámara de Representantes. En total, las coimas ascendieron a 5.342 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones fueron para Name, 1.000 millones para Calle, 724 millones para López y 342 millones para Pinilla. Incluso, utilizaron un prestamista para realizar los pagos en efectivo, en un intento de ocultar la transacción.
La corrupción no se detuvo ahí. López, junto con el ministro Bonilla y su asesora María Alejandra Benavidez, direccionaron contratos en diversas regiones, incluyendo Cotorra, Córdoba; Carmen de Bolívar, Bolívar; y Saravena, Arauca. Estos contratos, que suman más de 24 mil millones de pesos, fueron adjudicados a personas cercanas a López. Además, otros siete contratos, que alcanzan los 96 mil millones de pesos, fueron otorgados a aliados de César Manrique, demostrando un patrón sistemático de robo y nepotismo.
En una declaración que muchos consideran una burla, el ministro Bonilla tuvo el descaro de afirmar que espera su día en la corte para «defender sus actos» y que confía en que la Fiscalía descubrirá «la verdad y los verdaderos responsables del saqueo a recursos públicos». Estas palabras, lejos de tranquilizar a la población, han generado mayor indignación y desconfianza hacia las autoridades.
El presidente Gustavo Petro ha exigido a la Fiscalía que investigue hasta las últimas consecuencias y lleve a los responsables ante la justicia. Este caso de corrupción no solo es un golpe para la UNGRD, sino también para la moral de un país que se siente traicionado y desamparado por aquellos que deberían protegerlo.
La magnitud de este escándalo es una prueba más de cómo la corrupción sigue siendo un cáncer que devora las entrañas de las instituciones colombianas. Es imperativo que la sociedad y las autoridades no bajen la guardia y que los corruptos reciban el castigo que merecen. La lucha contra la corrupción debe ser implacable y constante, para evitar que este tipo de vergonzosos espectáculos se repitan.
