El tribunal encontró que no se probaron las acusaciones de que el congresista pidió dinero a su equipo de trabajo para cubrir gastos operacionales.
El Consejo de Estado ha emitido un fallo en favor de Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, quien enfrentaba una demanda por supuestamente solicitar dinero a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para cubrir los gastos de su gestión. El demandante argumentaba que Polo Polo, utilizando su posición de poder, habría pedido a sus colaboradores parte de sus sueldos, lo cual consideraba una violación a los principios de la administración pública y a los deberes del congresista.
El fallo del Consejo de Estado subraya que «no debe el demandado incumplir los principios de la administración pública consagrados en la constitución y sus deberes como congresista, al utilizar su condición dominante y pedir a sus subalternos una parte significativa de sus sueldos con la finalidad de presuntamente cubrir gastos operacionales de su actividad». Sin embargo, después de evaluar detalladamente los argumentos presentados y realizar una serie de pruebas, el tribunal determinó que «no se probó la exigencia, solicitud verbal o inducción que el accionado realizó a miembros de su UTL para que le entregaran mensualmente parte de su salario».
Durante la investigación, se verificaron incrementos en las cuentas de Polo Polo relacionados con transferencias en aplicaciones financieras y depósitos en efectivo. No obstante, los magistrados concluyeron que estas transacciones no constituyen evidencia suficiente para demostrar que los fondos provinieran de los trabajadores de la UTL. El fallo aclara que «existen incrementos por transferencias de fondos a través de la app transaccional, depósitos en efectivo con volante oficina, abono por pago de proveedores, y transferencia recibida de Daviplata, pero de ello no se sigue que hubieren sido efectuados por miembros de la UTL del representante».
Los testimonios recopilados durante el proceso judicial también jugaron un papel crucial. Según estos, los integrantes de la unidad de trabajo negaron haber recibido alguna solicitud de parte de Polo Polo para entregar dinero. La decisión final del Consejo de Estado concluye que «los testimonios practicados dentro del proceso y los documentos aportados al mismo no demuestran los supuestos fácticos pretendidos por el actor en la acción de pérdida de investidura. Por lo anterior, es claro que al expediente no se allegó prueba válida que acreditara los hechos imputados».
Con este fallo, Polo Polo mantiene su investidura como congresista, quedando absuelto de las acusaciones en su contra.
