Mientras algunos celebran los avances en transparencia y libertad de campaña en Venezuela, es importante recordar el contexto de restricciones y sanciones que han afectado a figuras opositoras como María Corina Machado. La Contraloría General de la República de Venezuela inhabilitó a Machado por 15 años para ejercer funciones en la administración pública, citando una supuesta inconsistencia en su Declaración Jurada de Patrimonio. A pesar de las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la inhabilitación se mantuvo, y el silencio de muchos críticos en Colombia ante estas decisiones es notable.
Además, la candidatura de María Corina Machado no fue la única afectada: su primera candidatura apoyada, la de la académica Corina Yoris, también fue inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A Machado se le ha prohibido viajar en avión, y cuando opta por desplazarse por carretera, enfrenta bloqueos, controles extensos y condiciones de viaje adversas.
Los problemas no terminan ahí; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ha seguido de cerca sus actividades, imponiendo multas y clausuras a establecimientos que la han asistido. Técnicos de sonido, barqueros y motoristas que han trabajado con ella también han sufrido consecuencias, reflejando un patrón de hostigamiento y represión que afecta a quienes la apoyan.
Esta situación pone de manifiesto las dificultades persistentes para la oposición en Venezuela, y subraya la necesidad de un análisis más crítico y equilibrado sobre la situación política en el país.
