Se abren indagaciones a miembros de la Unidad Nacional de Protección tras descubrirse el uso de vehículos oficiales para movilizar a disidentes de las Farc.
El escándalo que involucra a disidentes de las Farc y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia ha llevado a la Procuraduría General de la Nación a abrir una investigación contra funcionarios por determinar de la UNP. Esta acción surge tras la revelación de que estos disidentes fueron transportados en vehículos oficiales de la UNP, lo que ha generado una fuerte reacción pública y la necesidad de aclarar los hechos.
En un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó que «se procederá a individualizar a los presuntos autores de conductas con relevancia que podrían ser objeto de investigación”, destacando así la gravedad de la situación y el compromiso del ente de control para esclarecer los hechos. Además, la Procuraduría solicitará el manual, los protocolos y todas las resoluciones que regulan la protección de personas bajo la figura del cese al fuego en el marco del proceso de negociación entre el Estado colombiano y el Estado Mayor Central, para evaluar posibles irregularidades en su aplicación.
La investigación no se limitará a la UNP, sino que también se extenderá a la Consejería del Comisionado de Paz. Esta medida busca determinar las resoluciones que permitieron que miembros de las disidencias de las Farc tuvieran autorización para utilizar vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección. La Procuraduría busca con esto establecer responsabilidades y garantizar la transparencia en el manejo de estos protocolos.
En relación con los disidentes involucrados, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Garantía Ambulante de Antioquia ha imputado cargos a tres de ellos. Wenser Zabala Duque, conocido como alias Oliver González; Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu; y María Alejandra Ojeda fueron acusados en una audiencia privada. A alias Firu se le imputaron delitos de homicidio agravado, terrorismo, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Por su parte, alias Oliver González y María Alejandra Rueda enfrentan cargos por porte ilegal de armas de fuego.
Este caso ha despertado preocupación y atención a nivel nacional, ya que pone en duda la integridad de las medidas de protección y los procesos de negociación de paz en Colombia. La Procuraduría ha enfatizado la necesidad de una investigación exhaustiva para asegurar que se sigan todos los protocolos y se responsabilice a los involucrados en cualquier irregularidad.
