La renuncia de Carlos Ramón González como director de Inteligencia abre un debate sobre la permanencia de otros funcionarios implicados en el caso de corrupción de la UNGRD.
En un giro reciente de los acontecimientos, el Congreso de la República ha celebrado la dimisión de Carlos Ramón González, quien se desempeñaba como director nacional de Inteligencia del Gobierno. Esta decisión fue tomada para enfrentar el proceso judicial relacionado con la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). A pesar de esta renuncia, varios congresistas han señalado que otros funcionarios del Ejecutivo, implicados en el caso, también deberían apartarse de sus cargos.
El senador Ariel Ávila manifestó que «la renuncia de Carlos Ramón González estaba cantada, yo creo que al Gobierno del presidente Petro no le quedaba otro camino porque la información que ha salido es muy complicada». Ávila considera que estos cambios son beneficiosos para el Gobierno, pero enfatizó que no deberían detenerse aquí. Según él, es necesario que otros funcionarios en situaciones similares den un paso al costado para que puedan «defenderse y dedicarse a defenderse, pero que no torpedeen el funcionamiento del Gobierno».
Por su parte, Alexander Vega, codirector del Partido de la U, afirmó que el Gobierno está entrando en una fase en la que debe centrarse en defenderse de las acusaciones. «El Gobierno tiene dos caminos, o hace gobierno o se defiende, y creo que el Gobierno arranca una fase de defenderse judicialmente y le va a quedar muy duro entre gobernar y defenderse y la salida de un hombre clave del presidente Petro es claro que el Gobierno entra en una fase de defensa judicial y vienen momentos duros para el Gobierno», expresó Vega, subrayando la dificultad de gestionar ambas tareas simultáneamente.
La senadora Nadia Blel, presidenta del Partido Conservador, también intervino en el debate, pidiendo celeridad en las investigaciones sobre los hechos de corrupción que han generado incertidumbre en la ciudadanía. «Desde el Partido Conservador confiamos mucho en la justicia y pedimos celeridad en las investigaciones y sobre todo el debido proceso, porque el país no puede seguir soportando esta incertidumbre que tanto mal le hace a nuestras instituciones», declaró Blel, insistiendo en la necesidad de respuestas rápidas y justas.
A pesar de las críticas y solicitudes de diversos sectores políticos, no se prevé que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también implicado en el escándalo, renuncie a su cargo. La situación sigue siendo tensa y varios congresistas continúan pidiendo medidas más drásticas para limpiar el nombre del Gobierno y asegurar la confianza pública.
