En un importante desarrollo, el Movimiento Indígena Wayuú, liderado por José Silva, ha llegado a un acuerdo con diversas entidades gubernamentales para habilitar el paso del tren de Cerrejón.
Este acuerdo se logró gracias a la intervención del viceministro encargado de diálogo social del Ministerio del Interior, el Dr. Gabriel Rondón.
En el día de hoy, se levantó el cierre de los territorios ancestrales impactados y afectados ambiental y culturalmente por la operación minera de la empresa Cerrejón. Este levantamiento se da tras el compromiso del viceministro del Interior de realizar una asamblea general con las autoridades tradicionales el próximo 2 de agosto.
Durante esta reunión, se atenderán las peticiones entregadas previamente en Bogotá por una comisión de autoridades tradicionales, quienes denunciaron y presentaron un pliego de peticiones al presidente de la República en cumplimiento de la sentencia T-704 de 2016.
Las autoridades tradicionales exigen el estricto cumplimiento de esta sentencia y el reconocimiento de todas las comunidades afectadas ambientalmente por la operación minera, que han sido ignoradas por Cerrejón y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Según Silva, la empresa ha dividido y desconocido a estas comunidades, agravando la situación.
«Esperamos que todas las comunidades afectadas sean reconocidas en el marco de la sentencia. Es crucial que el Estado colombiano y sus instituciones garantes de los derechos del pueblo escuchen y resuelvan cada punto de la denuncia de las comunidades», afirmó Silva. También destacó que, además del incumplimiento de la sentencia, hay corrupción sistemática en estos territorios indígenas.
En nombre de las autoridades tradicionales, Silva reiteró las peticiones y llamó a la empresa Cerrejón a actuar con sensatez y cordura en sus comunicados de prensa, los cuales, según él, solo dividen y revictimizan a las comunidades, poniendo en riesgo la vida de activistas y defensores de los derechos humanos.
Este acuerdo representa un paso significativo hacia la resolución de los conflictos entre las comunidades Wayuú y la empresa minera, esperando que se traduzca en beneficios concretos para los afectados y un cumplimiento estricto de la sentencia T-704 de 2016.
