La situación política en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación internacional, especialmente en el contexto de las próximas elecciones presidenciales. Pedro Urruchurtu, responsable internacional de Vente Venezuela, el grupo político de María Corina Machado, ha denunciado desde la embajada argentina en Caracas, donde se encuentra asilado junto a otros cinco colaboradores de la líder opositora, los recientes atropellos contra los observadores internacionales invitados por la oposición democrática.
«Venían invitados por la oposición democrática para la elección presidencial. Continúan los atropellos», afirmó Urruchurtu, en referencia a la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a permitir una amplia observación internacional.
Esta restricción ha provocado una respuesta de Estados Unidos, que actualmente mantiene negociaciones con el gobierno venezolano. Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, señaló: «Animamos a las autoridades venezolanas a reconsiderar su decisión y permitir que haya más presencia internacional para observar los comicios».
El politólogo Walter Molina Galdi criticó duramente la medida del gobierno, afirmando que «el chavismo, molesto con dirigentes políticos y periodistas internacionales por decir que en Venezuela hay una dictadura, decidió expulsarlos apenas llegaron… como haría toda dictadura. Son los bárbaros mostrando un poder que, tal vez, están cerca de perder».
Tampoco le fue permitida la entrada a la senadora progresista colombiana Angélica Lozano, militante del Partido Verde. “Me deportan con total abuso del régimen que va a caer este domingo por el bien de Venezuela. Sin argumentos ni información nos quitaron el pasaporte durante hora y media”, se quejó Lozano, que fue deportada junto a dos mujeres ecuatorianas y a dos jóvenes colombianos.
La Unión Europea (UE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) no estarán presentes en Caracas, lo que limita significativamente la observación internacional. En su lugar, Naciones Unidas y el Centro Carter asumirán un papel crucial, aunque relativo, dado que el informe del panel de expertos de la ONU no será público.
Ante estas restricciones, la oposición ha reforzado sus esfuerzos para garantizar la transparencia electoral. La Plataforma 600K y los Comanditos, nombres que agrupan a alrededor de un millón de voluntarios, han sido preparados para proteger los votos con tareas específicas tanto dentro como fuera del país.
Esta organización, con 25 años de experiencia en comicios marcados por el ventajismo electoral y las trampas, representa un intento sin precedentes de la oposición para asegurar la integridad del proceso electoral.
Con estas medidas, la oposición venezolana busca contrarrestar los obstáculos impuestos por el gobierno y asegurar una elección más justa y transparente.
