Los congresistas Mauricio Giraldo y Nicolás Albeiro Echeverry exigen explicaciones al comisionado de Paz, Otty Patiño, y al director de la UNP sobre el caso que involucra a disidentes, escoltas, y recursos ilícitos.
En un giro inesperado, el reciente escándalo que involucra a disidentes de las Farc, un menor de edad, y escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el nordeste antioqueño, ha llevado a que los senadores Mauricio Giraldo y Nicolás Albeiro Echeverry convoquen a un debate de control político. El caso, calificado como «inaceptable» por Giraldo, plantea serios cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro en sus primeros dos años de mandato.
El senador Giraldo manifestó su preocupación al señalar que este incidente no es aislado, sino uno más en una serie de eventos que han puesto en duda la credibilidad del gobierno actual. En su convocatoria al comisionado de Paz, Otty Patiño, Giraldo destacó la falta de transparencia en el manejo de la situación, especialmente ante la presencia de «disidentes, escoltas, oro, dinero en efectivo, armas de fuego y un menor de edad» que había sido reclutado por el frente 36 de las Farc. La gravedad del asunto radica en el silencio institucional que ha prevalecido desde que se destapó el escándalo.
Giraldo subrayó la importancia de que Colombia sea gobernada no por ideologías, sino por los principios de la Constitución, enviando un claro mensaje al comisionado de Paz, Otty Patiño. Este llamado a la transparencia y responsabilidad en la gestión pública es crucial en un momento en que la confianza en las instituciones se ve seriamente comprometida.
Por otro lado, el senador Nicolás Albeiro Echeverry también ha solicitado la presencia del director de la UNP, para el próximo 30 de julio a las 10 de la mañana. Echeverry cuestionará al director sobre cómo alias Calarcá, un conocido disidente de las Farc, pudo contar con siete camionetas de la UNP asignadas exclusivamente para su uso. Además, Echeverry buscará respuestas sobre por qué varios disidentes con órdenes de captura pudieron movilizarse en vehículos oficiales sin ser detenidos.
Este caso no solo revela una posible falla en el control y supervisión de la UNP, sino que también pone en entredicho la efectividad de las políticas de seguridad y protección en Colombia. La próxima audiencia será una oportunidad para que las autoridades esclarezcan los hechos y tomen medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan.
