Diversas opiniones han causado entre los colombianos el anuncio de un posible proyecto relacionado con el incremento del impuesto predial, emitido meses atrás por al actual Gobierno, el que según las primeras afirmaciones gubernamentales elevaría el tope a un 300% e implicaría un supuesto “alivio” para los componentes de la clase media.
Entre tanto, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla señaló, centrando su argumento en la actualización de los avalúos, que –según su concepto– está elevando significativamente el valor de los predios y por consiguiente, generando incrementos considerables en el impuesto predial.
Según el concepto emitido por el mencionado ministro, el vigente Decreto solo beneficia a los predios cuyo avalúo está por debajo de los 135 salarios mínimos y que la aplicación de este sistema de posibles alivios lo que persigue es ofrecer claridad y transparencia a los Concejos Distritales, Municipales y las Alcaldías, corporaciones competentes para esta clase de estudio, evitando así presiones indebidas para el pago del impuesto predial, incluso cuando los avalúos catastrales sean actualizados.
Habría que analizar con cabeza fría si realmente este enfoque que se le está imprimiendo al tema del impuesto predial, lleva implícita la intención de brindarle apoyo, especialmente a aquellos propietarios de predios o residencias en municipios donde el catastro no se ha actualizado desde hace varias décadas.
Para estos casos, el impuesto predial ha experimentado incrementos sustanciales, para propiedades sin actualización catastral desde hace 30 años.
Sería primordial que el proyecto al que hoy hacemos referencia, se refleje en equidad y alivio para las familias afectadas, como consecuencia de los incrementos desmedidos del impuesto predial, lo cual origina una preocupante situación que refleje la realidad económica de muchos propietarios, habitantes de diferentes municipios de Colombia, que a menudo se ven afectado por los constantes aumentos del impuesto predial
Todo lo anteriormente relatado nos conduce a la clara conclusión que el señalado impuesto, además de afectar el derecho a tener una casa para vivir, podría afectar grandemente a las familias de clase media, así mismo el derecho a una vivienda digna al gravarle excesivamente, la posibilidad de tener techo propio.
Además, segmentos como el de los pensionados –por ejemplo–, que viven de unos ingresos de subsistencia y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exagerada.
Igualmente de darse los incrementos, según los topes que fije el anunciado proyecto de ley, este impuesto también afectará el desarrollo del comercio, con la preocupante posibilidad de abrir en Colombia “el camino para un impuesto confiscatorio que terminaría en expropiación”, tal como ha ocurrido en otros países.
Indudablemente existe gran expectativa respecto al trámite legislativo del señalado proyecto, que próximamente será radicado en el Congreso de la República.
Entonces, llegó el momento para que el Senado y la Cámara de Representantes orienten el debate debidamente estudiado y fundamentado sobre tan importante asunto, para así ajustar las normas existentes, ojalá que no resulte maltratado un gran conglomerado del pueblo colombiano y que el resultado se constituya en un avance positivo, respecto a la Ley 44 de 1990, la que en la actualidad contiene la normatividad relativa a catastro e impuestos sobre la propiedad raíz en Colombia; esperemos que no se cumpla aquella frase muy costeña “En vez de mejorar lo que hizo fue empeorar”.
