La Defensoría del Pueblo asumirá la supervisión del cierre definitivo del relleno sanitario de Loma Grande, tras una sentencia del Tribunal Administrativo de Córdoba que ordena su clausura inmediata.
La decisión, que responde a una acción popular promovida por el cabildo indígena Jaraguay y apoyada por la Defensoría, se basa en graves irregularidades ambientales, como el vertimiento ilegal de lixiviados en fuentes de agua.
El tribunal ha ordenado el cese total de operaciones del relleno, gestionado por Urbaser Colombia SA ESP. La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, participará en un comité de verificación junto a la Procuraduría, la ANLA, la CVS y autoridades locales para asegurar el cumplimiento de las medidas ordenadas. Este comité también vigilará la implementación de las acciones correctivas necesarias.
Además, la Defensoría ha brindado apoyo continuo a las comunidades afectadas, garantizando la protección de sus derechos colectivos durante el proceso legal.
