Algunos historiadores afirman que en 1713 el Rey Carlos XII estableció en Suecia la figura del “Justie Ombudsman”, un comisionado de justicia a quien encargó la tarea de vigilar la legalidad de las actuaciones de las autoridades administrativas y establecer limitaciones al poder de los nobles en el manejo de los asuntos del Estado.
Dos siglos después, el modelo sueco de “agente guardian de la justicia” fue tranformado en Portugal como un “promotor de justicia”, figura que 1978 España “bautizó” como “Defensoría del Pueblo,” dando origen en la peninsula Ibérica a un organismo autónomo e independiente de la clásica división de poderes planteada por Monstesquieu.
Además de preservar la función de supervisar la conducta de sus autoridades administrativas, el modelo que se optó, tanto en Portugal como en España, incluyó como objetivo principal la protección de los derechos humanos. Novedad que bien pudiera ser atribuida a la urgente necesidad de avanzar postivamente en el proceso de transición de la dictadura a la democracia.
En nuestro caso, la Asamblea Nacional Constituyente logró que la Constitución Política de 1991 se convirtiera, por virtud de la soberanía delegada, en la mejor expresión hasta ahora conocida, de lo que es un acuerdo nacional, acuerdo que dio rango constitucional a un amplio catálogo de derechos y creo la Defensoría del Pueblo.
Por virtud de su rango constitucional, la Defensoría es una entidad autónoma e independiente que forma parte del Ministerio Público a la que el constituyente le atribuyó, entre otras, la función de velar por la protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos.
Nuestro Ombudsman es elegido por la Cámara de Representantes de terna elaborada por el Presidente de la República, para un período de cuatro años, contado a partir del 1 de septiembre. Terna que de acuerdo a las normas que regulan la materia debe ser presentada por el Presidente Gustavo Petro dentro de los quince días siguientes a la instalación de las sesiones del Congreso.
A sabiendas de su deber constitucional, la semana pasada, la Presidencia de la República extendió invitación pública para “la conformación del listado de hojas de vida, a través de la cual el Presidente elaborará la terna de la que la Cámara de Representantes elegirá al defensor o defensora del pueblo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 281 de la Constitución Política”
El Departameto Administrativo de Presidencia (DAPRE) publicó las 75 hojas de vida de quienes aspiran al cargo, a lo que sobrevinó el proceso de observaciones que de forma libre, voluntaria y expontanea efectúo la ciudadanía.
Entre las hojas de vida postuladas sobresalen la de Iris Marín, Magistrada auxiliar de la Corte; la ex ministra de Agricultura Jhenifer Mojica; la defensora de derechos humanos Jomary Ortegón; el ex candidato a la gobernación del Cauca Juan Diego Castrillón; la integrante del equipo negociador con el ELN Nigeria Rentería; el ex ministro de Justicia Néstor Osuna; Miguel Samper hijo del Ex Presidente Ernesto Samper y Richard Moreno quien integró la Comisión para el Esclarecimento de la Verdad.
Por lo visto, no la tiene fácil el Presidente Gustavo Petro para seleccionar, entre estas 75 personas, la terna de la cual se elegirá al próximo defensor o defensora del pueblo.
Se ha rumorado con insistencia que tal como ocurrió con la terna para elegir Fiscal General de la Nación, en esta oportunidad el Presidente se la jugará políticamente por una terna conformada exclusivamente por mujeres. De ser así, la historia dará cuenta que Petro fue el Presidente que abrió el camino para la eleción de la primera defensora del pueblo en Colombia.
Los aires de cambio que soplan en Colombia están encaminados a facilitar la máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre.
Aires de cambio que permiten avanzar por buen camino en la eliminación de la discriminación contra la mujer y la adopción de las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones.
Para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional de la mujer en la sociedad y en la familia.
Optar por una terna integrada por mujeres, para que la Cámara de Representantes elija la primera defensora del pueblo de Colombia, sería un buen mensaje de cambio y una excelente decisión política que impactaría efectivamente en favor de la eliminación de la discriminación contra la mujer.
