Tres disidentes capturados en Antioquia quedarán en libertad tras demostrar vigencia de suspensión de órdenes de captura

Tres de los siete disidentes de las FARC que fueron detenidos mientras se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por Antioquia serán puestos en libertad. Estos tres individuos han logrado demostrar que tienen vigente la suspensión de las órdenes de captura en su contra, según informó la Fiscalía General de la Nación.

La captura de los disidentes tuvo lugar el 23 de julio en la zona rural del municipio de Cisneros, en el nordeste de Antioquia. Según reportes, los disidentes provenían de una reunión de la comandancia del Estado Mayor Central de las FARC y se dirigían hacia los Llanos del Yarí para participar en un evento relacionado con la mesa de paz.

9043184986869926082

El Ejército detuvo la caravana y la inspección de los vehículos se llevó a cabo en el Batallón Pedro Nel Ospina de Bello, donde se encontró que cuatro de los disidentes tenían órdenes de captura vigentes. Alias Firu, comandante del frente 36 de la guerrilla, y alias Érika, disidente operativa en el Caquetá, fueron dos de los capturados inicialmente.

Según la Fiscalía, los tres disidentes que serán liberados lo serán debido a la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno Nacional, en calidad de integrantes de la mesa de negociaciones de paz con esa organización armada ilegal.

Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno ante estas disidencias, afirmó que el movimiento de los ilegales fue autorizado como parte de las actividades que desarrollan en la mesa de paz.

17506015017681224648

La Fiscalía continúa activa en las investigaciones contra todos los capturados y está abriendo nuevas indagaciones por los hechos delictivos registrados en esta fecha. Durante la inspección de los vehículos se encontraron 60 millones de pesos en efectivo, un cargador de pistola, memorias USB y varios teléfonos celulares.

Los disidentes que permanecerán detenidos tendrán su situación definida por un juez de control de garantías, quien determinará la legalidad de la captura y decidirá sobre la vigencia de las órdenes de captura levantadas como negociadores del Estado Mayor Central.