El laudo emitido por el Tribunal Arbitral exigía a la compañía de servicios públicos el desembolso de más de 700 mil millones de pesos.
La Superintendencia Financiera ha informado que el Consejo de Estado ha admitido el recurso de anulación interpuesto por Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra el laudo proferido por el Tribunal Arbitral a finales de 2023. Este laudo había sido dictado en el marco de una disputa relacionada con el megaproyecto Hidroituango.
El origen de este conflicto se remonta a octubre de 2020, cuando la Sociedad Hidroituango decidió desistirse de un acuerdo previo que tenía como objetivo resolver las responsabilidades derivadas de la emergencia ocurrida en 2018. En aquel momento, la sociedad, que es el socio mayoritario del megaproyecto, esperaba que EPM asumiera los sobrecostos asociados a dicha emergencia.
A principios de 2021, la situación se complicó aún más con la instauración de una segunda demanda. Esta demanda se centraba en el incumplimiento de varios hitos constructivos por parte de EPM, que resultó en el requerimiento de pago de cláusulas penales estipuladas en el contrato. La empresa había enfrentado retrasos significativos que llevaron al incumplimiento de estos hitos.
El recurso de anulación presentado por EPM pretende impugnar la decisión del Tribunal Arbitral que le exigía asumir estos costos adicionales. La admisión del recurso por parte del Consejo de Estado abre una nueva fase en este complejo proceso legal, en el cual EPM buscará revertir la resolución arbitral que considera injusta.
La Superintendencia Financiera ha confirmado la recepción de esta información y el avance del proceso, subrayando la importancia de esta etapa en la resolución de la controversia que afecta al megaproyecto Hidroituango.
