En el municipio de Fundación, Magdalena, se ha desatado una polémica por el incumplimiento en la ejecución del contrato de pavimentación de vías urbanas, valorado en más de 5 mil millones de pesos. A pesar de las denuncias y pruebas de irregularidades, los entes de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía no han tomado acciones concretas contra el contratista y el interventor responsables. La alcaldesa Luz Helena Andrade ha retenido un saldo de más de 900 millones de pesos hasta que se cumpla con el contrato en su totalidad.
En Fundación, Magdalena, el proyecto de pavimentación de vías urbanas, adjudicado por más de 5 mil millones de pesos, enfrenta una grave crisis de ejecución y supervisión. A pesar de la denuncia presentada el 10 de junio de 2024 por la veeduria «Unidos por el municipio «, dirigida a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación, los entes de control han mostrado una preocupante falta de acción en este caso.
El contrato, denominado “Mejoramiento en Pavimento Rígido de las Vías Urbanas”, fue adjudicado al Consorcio Pavimento Fundación, representado por Sergio Mendoza Orozco, con un valor total de $5.085.180.343,00. A pesar de haber recibido un anticipo del 50% para iniciar los trabajos, el contratista y su interventor, Kevin Rodríguez, han avanzado menos del 70% de lo pactado en el contrato, según la denuncia.
Las irregularidades fueron corroboradas por la Secretaría de Planeación en su informe de supervisión, el cual reveló dificultades significativas en la ejecución, especialmente en la calle 15. La infraestructura necesaria para el manejo adecuado de aguas no fue incluida en el contrato, a pesar de ser esencial para el drenaje en la zona.
Además, el informe reveló que el exalcalde Carlos Sierra certificó incorrectamente la existencia de redes de acueducto y alcantarillado en las vías a pavimentar, cuando varias de ellas carecen de estos servicios fundamentales. También se identificaron calles intervenidas que no estaban contempladas en el contrato original.
El incumplimiento del cronograma de ejecución y la falta de claridad en las especificaciones del proyecto han generado un gran malestar en la comunidad. “Se robaron el proceso de pavimentación”, denunció un miembro de la veeduría “Unidos por el Municipio”, evidenciando la frustración de los ciudadanos ante el aparente desvío de fondos y la falta de progreso en la obra.
La actual alcaldesa, Luz Helena Andrade, ha tomado medidas para retener un saldo de más de 900 millones de pesos hasta que el contratista cumpla con la entrega total de las vías pavimentadas. Sin embargo, a pesar de las graves irregularidades y el impacto en la comunidad, los entes de control mencionados no han tomado medidas efectivas. Según fuentes oficiales, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han permanecido en silencio respecto a este caso, dejando a la población con la sensación de que sus preocupaciones no están siendo adecuadamente atendidas.
La falta de acción de las autoridades competentes ha llevado a un creciente descontento público, que exige una respuesta inmediata y transparente para garantizar que los recursos públicos se manejen con la debida responsabilidad y se complete el proyecto de pavimentación en los términos acordados.
