Operativo humanitario revela desplazamientos masivos y confinamiento en la región, mientras la Defensoría llama a respetar los derechos humanos.
En una operación humanitaria llevada a cabo en la zona rural de Puerto Rondón, Arauca, la Defensoría del Pueblo rescató a una mujer y cinco menores de edad, de 2, 5, 7, 10 y 12 años, quienes estaban confinados debido a una incursión de un grupo armado ilegal el pasado 20 de julio. La intervención se produjo tras el reporte de que las víctimas estaban siendo mantenidas en cautiverio por los actores armados que habían irrumpido en la región. La situación ha llevado a la desaparición de varios residentes, generando la necesidad de configurar dos desplazamientos y un confinamiento masivo.
Las personas rescatadas fueron trasladadas a un lugar seguro, donde el personero municipal de Puerto Rondón activó de inmediato la ruta de protección para garantizar su seguridad. En su misión, la Defensoría del Pueblo también realizó una verificación de los derechos de los habitantes en las veredas Normandía, El Progreso y La Esmeralda. La entidad constató que el paradero de varios lugareños, incluidos menores de edad, sigue siendo desconocido. La Defensoría reiteró que mantiene disponibles sus canales humanitarios para contribuir a la liberación de aquellos que puedan estar bajo el control de los actores armados.
La situación en Puerto Rondón ha generado desplazamientos masivos, con aproximadamente 15 familias (alrededor de 70 personas) desplazándose hacia Normandía, y 24 familias (64 personas) moviéndose hacia el casco urbano de Puerto Rondón. Además, se ha evidenciado el confinamiento de los habitantes en las veredas El Progreso, La Esmeralda, El Paisaje y Normandía. Este panorama crítico ha generado temor en las comunidades locales y ha llevado a la suspensión de clases en las escuelas de la zona rural afectada, vulnerando el derecho a la educación de los niños.
La violencia en los municipios de Tame, Puerto Rondón y Arauquita, en Arauca, continúa en aumento, lo que ha llevado a la Defensoría del Pueblo a insistir en un llamado a las organizaciones armadas ilegales presentes en el departamento, como el ELN y el Estado Mayor Central de las FARC. La entidad ha instado a estos grupos a respetar los derechos humanos y cumplir con las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, excluyendo a la población civil de sus acciones.
