La Cámara de Representantes investigará el uso de camionetas oficiales por parte de guerrilleros con órdenes de captura.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez; el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez; y el comisionado de Paz, Otty Patiño, serán convocados a un debate de control político en la Cámara de Representantes. Esta citación surge tras la revelación de que cabecillas de las disidencias de las FARC, con órdenes de captura vigentes, estaban siendo transportados en camionetas oficiales de la UNP.
Además, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha sido invitada a participar en la sesión para esclarecer este escandaloso incidente, así como para discutir los aspectos de la política de ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro y los beneficios otorgados a quienes participan en los procesos de paz.
El representante Juan Espinal, quien presentará la proposición este miércoles en la Plenaria de la Cámara, subrayó la necesidad de una explicación detallada: “Colombia requiere una explicación clara y este tema no es menor, no se puede quedar como algo que pasó. Lo que vamos a hacer, especialmente los colegas de la bancada antioqueña, es llamar al Gobierno Nacional para que dé las explicaciones reales y esperamos que la señora fiscal, que tanto le incomodan los medios de comunicación, se presente ante el Congreso.”
Espinal también resaltó que los guerrilleros capturados fueron encontrados en flagrancia con armas de fuego, 100 millones de pesos en efectivo, oro, celulares, y en camionetas de la UNP. “Lo que presenciamos es un mensaje muy preocupante para la seguridad del país, iban cabecillas de las disidencias de las FARC. Escuchando las declaraciones del señor Avendaño dice que lo que ocurrió fue una emboscada por parte del Ejército; que equivocado está, ellos fueron capturados en flagrancia en camionetas de la UNP”, agregó Espinal.
Otras reacciones…
El representante Hernán Cadavid ha pedido la renuncia del director de la UNP, argumentando que la entidad ha demostrado incapacidad para garantizar que los recursos destinados a la protección de los ciudadanos no sean utilizados por grupos armados ilegales. Cadavid también criticó el maltrato a los medios de comunicación y señaló que incidentes similares se han repetido en diversas regiones del país, evidenciando una “falta de control y supervisión” por parte del Gobierno.
