En el marco del conversatorio Justicia y Paz: 19 años de aprendizaje, organizado por la Corte y la Fiscalía General de la Nación, Gerson Chaverra presidente de la Corte Suprema de Justicia aseguró que es inconveniente que integrantes de Justicia y Paz pasen a la Jurisdicción Especial para La Paz, como lo propuso en su momento el jefe de Estado Gustavo Petro Urrego.
De acuerdo con Chaverra, “no surge conveniente que de manera indistinta aquellas personas que se acogieron a Justicia y Paz sean ahora involucradas como comparecientes de la JEP”.
Indicó el togado, que lo anterior deja en evidencia que el postulado que incumplió sus “compromisos pueda pasar impunemente a otro sistema“, cuestionó.
Así mismo, destacó el modelo creado para la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia Auc y el desarrollo que se buscó en temas de memoria, verdad, justicia y reparación, buscando un balance “entre la demanda de paz y el clamor por justicia de la sociedad ante los hechos perpetrados por estos grupos como graves violaciones del derecho internacional humanitario y los Derechos Humanos”.
Cheverra, ademas aseguró que no ha sido fácil alcanzar esos objetivos: “los retos han sido múltiples, desde la gravedad de las conductas por investigar, el andamiaje de los grupos armados ilegales, en sus variedades, según el territorio y la construcción política y teórica que los rige, el número de hechos versionados, la complejidad y volumen de los asuntos, hasta la necesidad de agilizar los procesos, para la emisión de las sentencias respectivas”, puso de presente.
Precisó además, que para enfrentar algunas de esas dificultades, la Corte Suprema en 2010 habilitó la posibilidad de proferir sentencias parciales acelerando las decisiones de fondo frente a los postulados y los delitos cometidos.
“Con todo, este proceso ha tomado más tiempo del inicialmente estimado, si en consideración se tiene que se limitó su duración, ante la filosofía de ser un procedimiento de transición de las graves y masivas violaciones de Derechos Humanos hacia la reconciliación nacional, por medio de la judicialización de los responsables que serían, a su vez, beneficiados con penas mucho menores, para alcanzar, en consecuencia, la paz. A la postre se ha convertido, por fuerza material y legal, en normativa permanente”, añadió.
Finalmente, expresó que para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el avance de los procesos sigue siendo una preocupación “porque el tiempo juega en contra de todos los involucrados en este asunto”, puntualizó el magistrado.
