El rechazo de la Corte Suprema de Justicia a una denuncia crucial sobre corrupción en la UNGRD muestra la profundidad de la impunidad en el país.
En Colombia, la corrupción se ha convertido en una sombra omnipresente que parece burlarse de la justicia. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitir una denuncia presentada en 2022 por el ciudadano Onir Anaya revela una vez más el cinismo y la ineficacia del sistema judicial frente a los poderosos.
El caso de la UNGRD es una muestra alarmante de cómo la corrupción devora los recursos del Estado, dejándonos con elefantes blancos y promesas rotas. Anaya denunció un esquema masivo de corrupción que involucraba a 60 congresistas de partidos de la coalición del entonces presidente Iván Duque, incluyendo figuras de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático. En lugar de actuar, las autoridades optaron por el silencio, revelando la complicidad de los sectores más altos del poder.
La indiferencia del Fiscal General, Francisco Barbosa, a la denuncia es simplemente desconcertante. Su rechazo a investigar el caso muestra una clara alineación con los intereses de los poderosos a los que debería estar enfrentando. La actitud de la Corte Suprema, al decidir no admitir la denuncia, es igualmente indignante. La decisión no solo es un acto de negligencia, sino un flagrante desdén hacia los ciudadanos que exigen justicia.
El modus operandi de estos corruptos es bien conocido: desvían fondos públicos para enriquecerse, mientras que los ciudadanos se enfrentan a la falta de recursos en áreas esenciales como la gestión de desastres naturales. Eduardo González Angulo, miembro del Centro Democrático, es un ejemplo prominente de este saqueo, con $120 mil millones de pesos desviados durante el gobierno de Álvaro Uribe y reciclados en el gobierno de Duque. Anaya denunció este robo, pero su llamado a la justicia fue ignorado, en un claro ejemplo de cómo la corrupción se protege a sí misma.
Lo más escandaloso es que los mismos congresistas del Centro Democrático que Anaya denunció son los que ahora intentan encubrir las acciones de Olmedo López y Sneider Pinilla, quienes están presuntamente involucrados en el desvío de miles de millones de pesos. Este patrón de corrupción no solo saquea los recursos del país, sino que mina cualquier intento de gobernar con integridad.
La denuncia de Onir Anaya no solo debería haber sido un punto de partida para una investigación seria, sino un reflejo del clamor ciudadano por justicia. En cambio, fue silenciada por un sistema judicial que se ha convertido en cómplice de la corrupción, al no tomar medidas efectivas. Este nivel de impunidad es una traición a la confianza pública y un insulto a los principios democráticos.
Los colombianos deben exigir una transformación radical del sistema judicial y una lucha real contra la corrupción. No podemos seguir viendo la corrupción como una norma aceptada en nuestra sociedad. Es esencial que las autoridades tomen medidas decisivas y sometan a los responsables a la justicia para iniciar la reconstrucción de un país que, por fin, sea genuinamente democrático y equitativo.
