Una demanda judicial ha sido presentada para anular el nombramiento de Irene Vélez Torres como cónsul General de Colombia en el Reino Unido, argumentando que no cumple con los requisitos de experiencia y enfrenta un proceso disciplinario pendiente.
La acción judicial, iniciada por el ex superintendente Andrés Barreto González, solicita una medida cautelar urgente para suspender el decreto No. 0564 del 3 de mayo de 2024, que oficializó su designación.
La demanda de 16 páginas resalta que Vélez no posee la experiencia necesaria, no pertenece a la carrera diplomática y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y había candidatos en lista que sí cumplían con los requisitos.
Además, se señala que su nombramiento viola los principios de imparcialidad y especialidad, y se hizo de manera irregular.
Según la demanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores intentó designarla en un cargo provisional tras su salida del Ministerio de Minas, uso que debería ser excepcional y sólo aplicable cuando no hay candidatos de carrera disponibles. Sin embargo, el Ministerio confirmó que hay personas con los estudios y experiencia necesarios en la lista de espera.
El texto también subraya que Vélez carece de la formación en política exterior, relaciones internacionales y protocolo diplomático, conocimientos básicos para el puesto de cónsul. Su trayectoria académica en filosofía, estudios culturales y geografía política no se alinea con los requisitos del cargo.
Mientras se resuelve la demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Vélez enfrenta un proceso disciplinario por presunto tráfico de influencias.
Se le acusa de haber intentado utilizar su cargo para facilitar la salida del país de su hijo menor sin la documentación requerida.
Esta situación pone en entredicho la transparencia y legalidad en la designación de cargos diplomáticos y plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las normas en los nombramientos realizados por el Gobierno.
