La reciente decisión del Gobierno Nacional de imponer un cobro de valorización para la vía Barranquilla – Cartagena ha suscitado un fuerte rechazo entre líderes locales y gremiales. La medida, anunciada por la ministra de Transporte, María Constanza García, ha generado controversia debido a que la vía aún no está completamente construida, faltando 6 kilómetros para su finalización.
Juan Camilo Oliveros, presidente del Comité Intergremial de Bolívar, criticó la propuesta, señalando que el impuesto recaudado se destinaría a otras regiones del país en lugar de invertirse en la finalización de la carretera.
Asimismo, Efrain Cepeda Tarud, presidente del Intergremial del Atlántico, expresó su preocupación por el impacto del cobro en zonas como Miramar en Barranquilla y Villa Campestre en Puerto Colombia, que no han visto beneficios directos de la obra.
Cepeda Tarud también cuestionó la medida, que pretende recaudar aproximadamente 720 mil millones de pesos, alegando que el gravamen se aplicará a un 2% sobre el valor comercial de bienes urbanos y un 3% sobre viviendas campestres.
El senador Mauricio Gómez Amin se sumó a las críticas, acusando al gobierno del presidente Gustavo Petro de abusar de los costeños y de desviar fondos de proyectos importantes como los Juegos Panamericanos 2027. Gómez Amin lamentó que el gobierno actual esté envuelto en escándalos y no cumpla con las promesas de campaña.
La controversia en torno al cobro de valorización destaca la creciente tensión entre las autoridades gubernamentales y los ciudadanos, y plantea preguntas sobre la equidad en la distribución de los recursos destinados a infraestructura.
