Acusaciones de Soborno y Filtración de Información Sensible en la Fiscalía General de la Nación Enredan a Altos Funcionarios.
En un caso que ha captado la atención nacional, Angélica Monsalve, fiscal de la Unidad de Administración Pública, se encuentra bajo la lupa por supuestamente solicitar 600 millones de pesos a través de un tercero para archivar una investigación en contra de Martín Manjarrez. Manjarrez está vinculado a posibles irregularidades en el manejo de vehículos en la Unidad Nacional de Protección (UNP), conocido como el «Cartel de las Camionetas Blindadas de la UNP».
Según la Fiscalía General, un abogado, actuando en nombre de Monsalve, pidió el dinero al empresario Manjarrez para evitar su imputación y la de su compañera sentimental, Marcela Montes. Durante la audiencia de acusación contra Édgar Edwer Arboleda Díaz, agente del CTI y actualmente detenido en la cárcel La Picota, se revelaron detalles inquietantes sobre cómo Manjarrez fue abordado para participar en el presunto soborno.
La audiencia, celebrada ante la juez 28 penal del circuito de Bogotá, tuvo un momento crucial cuando Manjarrez solicitó ser reconocido como víctima en el proceso contra el investigador. Sin embargo, la juez negó esta solicitud, argumentando que no se había acreditado su condición de víctima ni el daño sufrido. «En el año 2022 fui contactado por el señor Jimy Forero, abogado para entregar una suma de $600 millones de pesos que me enviaba a pedir la fiscal 414 Angélica Monsalve, para que me archivara la investigación», declaró Manjarrez durante la audiencia.
Manjarrez también mencionó que, tras denunciar estas reuniones a la Fiscalía, Forero huyó, y Monsalve lo contactó personalmente, acusándolo de haberlos delatado, lo cual resultó en represalias. «Luego la fiscal Monsalve me llamó y frente al investigador del CTI que hoy está llamado a imputación de cargos me dijo que yo los había denunciado y en represalia la señora fiscal Monsalve me llamó a cargos», añadió Manjarrez, quien ha recibido amenazas desde entonces.
Paralelamente, el agente del CTI, Edgard Arboleda, enfrenta cargos por acceso abusivo a sistemas informáticos y abuso de función pública. La auditoría forense al Sistema Misional de Información SPOA reveló que Arboleda, con una trayectoria desde 2012 en la Fiscalía, accedió sin autorización al sistema en siete ocasiones en 2022 para consultar información clasificada de un caso específico. Las autoridades creen que esta información fue filtrada a terceros, lo que impidió la captura del abogado Jimmy Forero.
A pesar de las graves acusaciones, Arboleda ha negado los cargos y apeló la decisión judicial que lo envió a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación. Este caso, que involucra a altos funcionarios de la Fiscalía, destaca las complejidades y los retos en la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones del país.